El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a Carabineros entregar la información estadística relacionada con los detenidos y detenciones realizadas entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019, a partir del estallido social.
Esto luego de que el consejo directivo acogiera el amparo presentado en contra de la policía uniformada, tras no acreditarse la inexistencia de dicha información a la que aludió Carabineros para no entregar la totalidad de los antecedentes.
Carabineros tampoco habría logrado demostrar ante el CPLT la "afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado". Esto tras los descargos de la institución, que alegó la dificultad que implicaría la revisión de 9.500 partes policiales, con antecedentes de más de 19.000 detenidos.
Según el Consejo, la policía uniformada respondió parcialmente al requerimiento de información haciendo entrega de un archivo Excel con la fecha de detención, género, edad y delito.
Sin embargo, indicó que no era el órgano competente para responder a la totalidad de la solicitud, puesto que existen antecedentes que estarían en poder de otras entidades -como el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público-. Asimismo, afirmó que la entrega de parte de la información podría impactar en procesos investigativos.
CPLT YA HABÍA REALIZADO UNA FISCALIZACIÓN EN 2019
Un fallo de la Corte Suprema, pronunciado en mayo de este año, ratificó la publicidad del registro público de detenidos, justamente en el marco de las detenciones ocurridas durante el estallido social, instruyendo a Carabineros a mantener en el recinto policial un listado de las personas detenidas en un lugar de libre acceso.
Asimismo, el CPLT realizó en 2019 una fiscalización a las reparticiones de la policía uniformada en distintas regiones para constatar el acceso público por parte de cualquier persona que lo solicite de los registros de detenidos.