A la Corte de Apelaciones de Santiago concurrió un grupo de exonerados para presentar un recurso de protección contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick y su par de Trabajo, Evelyn Matthei, además del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza.

El movimiento judicial tiene como fin el evitar que el Gobierno congele el pago de pensiones a exonerados políticos, luego del informe emitido por Contraloría que dio cuenta de tres mil casos que no contaban con la documentación necesaria para recibirlas.

"Parece injusto que la propia Contraloría diga lo de los falsos exonerados, cuando fue ella misma quien los autorizó con control de legalidad", estimó el abogado de un grupo de exonerados, Carlos Flores, agregando que el Gobierno ha incurrido en una "campaña política" en contra de quienes vieron violados sus derechos durante la dictadura.

A principios de junio, el oficialismo presentó un proyecto de ley para revocar el beneficio. Esto, producto que luego de aprobarse el decreto que permite realizar la entrega de los recursos, no puede revocarse pasado dos años. En este caso, la única opción es acudir a Tribunales o promulgando una nueva ley.