El fiscal Emiliano Arias se refirió a la investigación que encabeza el Ministerio Público respecto a la muerte de 16 pacientes quienes habrían sido retirados de las listas de espera GES y No Ges correspondientes al Hospital Regional de Rancagua.
El persecutor explicó que la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia que realizaron diputados de la Comisión de Salud de la Cámara, sin embargo aclaró que no pesa sobre la indagatoria una limitación de plazos.
En lo concreto, la indagatoria apunta a "una eventual malversación de caudales públicos que vendría siendo el pago de eventuales bonos asociados al cumplimiento de metas en las listas de espera si es que estas se cumplieron falsamente, en este caso el Estado dispuso de dinero que no debió haber dispuesto, en consecuencia, el que se beneficia pudo haber cometido una malversación en este caso", sostuvo.
El persecutor agregó que también se indaga el delito de eventual homicidio por aquellas personas "de las listas de espera que hayan fallecido a consecuencia de las enfermedades que padecían y por una no atención".
En tercer lugar, detalló que se indagan delitos funcionarios, como prevaricaciones de naturaleza administrativa.
Arias calificó los hechos como "graves", que de comprobarse el pago de bonos para cumplimientos de metas podría transformarse en una situación aún más compleja porque hablaría de un "lucro que vulnera la salud de las personas, una garantía constitucional, lo que haría de esta investigación mucho más grave de lo que sería estos hechos".
Con respecto a la querella anunciada por el Gobierno para indagar eventuales delitos respecto a quienes resulten responsables, Arias planteó que "no me ha llegado a la carpeta de investigación la presentación de la querella, si fue ayer, seguramente se probió hoy día, pero no lo sé".
Por último, el persecutor planteó que si bien por ahora sí existen imputados -cuya identidad es materia de la investigación-, "toda persona que haya estado en esa decisión va a ser investigada".