La fiscal del Caso Tsunami, Solange Huerta , descartó que haya recibido presiones políticas por la investigación que encabeza y que esta semana llegó su punto más importante con la formalización de ocho personas- entre ellas el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende y la ex directora nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Carmen Fernández- por causidelito de homicidio.
En conversación con diario El Mercurio, Huerta respondió a los cuestionamientos del abogado de Fernández, Luciano Fouillioux, quien en la audiencia acusó una operación política en contra de su defendida y otras autoridades.
“En este sistema, lo que se investiga son responsabilidades penales, y no hay cabida para el tema político. La defensa puede tener distintas estrategias (en alusión al abogado Fouillioux), pero cuando el juez (Daniel Urrutia) lo detiene refleja lo que hemos dicho todo este tiempo: nosotros investigamos con independencia y autonomía responsabilidades penales”, dijo Huerta, quien en su juventud fue cercana al Partido Socialista (PS)
Asimismo, aclara que “si hubiese sentido algún tipo de falta de objetividad o algún problemas de autonomía, lo habría manifestado”.
En todo caso añade que es la gente la que tiene que evaluar si influyó el factor político en la indagatoria. “La investigación tiene que hablar por sí misma. Hoy la gente deberá evaluar (desde lo que pasó en la formalización) si el factor influyó en lo que nosotros hicimos”, manifiesta la persecutora.
Huerta en su investigación interrogó a muchos expertos, los que le entregaron datos que podrían servir para que Chile enfrente de mejor forma una emergencia como la del 27 de febrero del 2010, donde un terremoto y posterior tsunami afectó a la zona centro-sur.
Para la persecutora, debería existir menos burocracia hacía los organismos de emergencia, es decir, que ante un posible tsunami puedan levantar una alerta sin que la decisión pase por otros organismos. Asimismo, es necesario tener un sismógrafo en el archipiélago de Juan Fernández, lo que podría ayudar para precisar la información.
Cabe señalar que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, rechazó la prisión preventiva, pero sí determinó el arraigo nacional para los ocho imputados por la causa. Se trata del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex director del SHOA, Mariano Rojas; el ex jefe de turno del organismo, Mario Andina; el ex jefe de Oceanografía de la entidad, Andrés Enríquez; el ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti; el experto de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda; y el ex jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT), Johaziel Jamett.