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Fiscal Nacional oficia a Director Gral. de Carabineros por "desproporcionado uso de fuerza" en allanamiento a Comunes

Jorge Abbott, además, pidió un informe al Fiscal Regional Sur sobre lo sucedido, señalando que "lamentamos la forma, no la compartimos".

24Horas.cl Tvn

© Aton

Sábado 20 de noviembre de 2021

Este sábado la Fiscalía Nacional informó que se ofició al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras el allanamiento a la sede del Partido Comunes.

Según detalló la Fiscalía en su cuenta de Twitter, el oficio se realizará por el "desproporcionado uso de fuerza en el ingreso a la sede del partido Comunes". "Lamentamos la forma, no la compartimos", señaló el fiscal Abbott.

"La diligencia, tal como se concretó, pudo afectar no solo la proporcionalidad en la persecución penal, sino y más relevante los derechos de las personas imputadas y no imputadas", sostuvo el Fiscal Nacional, quien exigió el esclarecimiento de los hechos.

El Fiscal Nacional solicitó a Carabineros aclarar "a la brevedad, con absoluta urgencia y en detalle" el procedimiento realizado el día viernes en el Partido Comunes.

Por otra parte, Abbott también solicitó un informe al Fiscal Regional Sur Héctor Barros sobre los hechos acaecidos durante la tarde de este viernes.

Asociación de Fiscales: "Como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido"

En ese contexto, la Asociación de Fiscales emitió un comunicado señalando que las imágenes del allanamiento impresionaban como "poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionados de la fuerza", lo que afectaría "el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas", plantea el comunicado.

"Como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizarlas modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos", señalaron desde la Asociación de Fiscales.

Revisa aquí el comunicado:

En relación a la diligencia de allanamiento del domicilio de un partido político de nuestra República, como Fiscales del Ministerio Público manifestamos lo siguiente:

1. Si bien la constitución y las leyes entregan a los fiscales la dirección de las investigaciones de eventuales delitos, cada vez que se requiere ejecutar alguna diligencia que vulnere o violente los derechos de alguna persona, es indispensable que un juez de la República lo autorice. En este caso, se trató de una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país.

2. Los fiscales no contamos con policía propia, debiendo por tanto instruir a alguna de las policías para que ejecute dicha orden judicial. En este caso, se encomendó la diligencia a carabineros de Chile, impresionando las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas.

3. Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho.

Como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido, y además, hacemos presente que la Asociación Nacional de Fiscales en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizarlas modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo.