En un fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por la Agrupación Nacional de empleados Fiscales (ANEF) en representación de ocho funcionarias de Gendarmería quienes en junio pasado se percataron de la existencia de cámaras de vigilancia en los baños femeninos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino ubicado frente al colegio San José.

La medida fue interpuesta en primera instancia el 11 de junio de este año en la Corte de Apelaciones por González, acompañado del dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios -Anfup-,César Padilla Moraga, el cual fue rechazado un mes después por el tribunal de primera instancia. Producto de ello, apelaron a la Corte Suprema con el dictamen dado a conocer el 21 de este mes a favor de las denunciantes.

"Para nosotros en un gran triunfo porque se hace justicia de la vulneración de derechos fundamentales de todas y todos que viven en Chile. Insistimos en la Corte Suprema porque teníamos la convicción que estábamos en lo correcto, que acá hubo una vulneración de derechos realizada por de terceros y por la propia institución", afirmó González.

Agregó que "esto nos da pie para que insistamos ante los tribunales el pago de indemnizaciones a fin de resarcir el daño moral y sicológico que recibieron en este largo camino".

El fallo dispone que "se revoca la sentencia apelada el 9 de julio último citada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en consecuencia recoge el recurso de protección para el efectivo retiro y desactivación de la cámara objeto del recurso".

El presidente regional de la Anef espera que la institución de Gendarmería muestre señales de coherencia con este dictamen judicial y traslade a las funcionarias a sus ciudades de origen así como entregar la información registradas por las cámaras y retirarlas puesto que no forman parte del circuito cerrado de televisión con fines de vigilancia. "Esto lo vamos a exigir a través de un oficio para tener un Chile más justo".