Héctor Llaitul Carrillanca, líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), presentó el 18 de agosto pasado una demanda de indemnización por crímenes de lesa humanidad en contra del Estado de Chile. En la acción, declarada admisible por el 7º Juzgado Civil de Santiago, exige una compensación de $200 millones por los daños y perjuicios sufridos en dictadura.
Según reportó La Tercera, en la demanda se lee que Llaitul, que forma parte del listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Valech II, es "una de esas miles de víctimas de detención ilegal y arbitraria, de tortura y prisión política, por su condición política y por pertenecer al pueblo mapuche".
“Cuando fui detenido el 28 de abril de 1988, estudiaba trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fui detenido por Carabineros, reducido a golpes por efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros, fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, donde al igual que muchos compañeros fui sometido a maltrato físico y verbal”, explicó en la acción civil.
Añadió que fue trasladado a la Cárcel de Quillota y en dependencias de los calabozos fue aislado, incomunicado en una celda sin luz, sin colchón ni baño, solo una comida diaria consistente en un té y pan.
“En la cárcel de Quillota fui interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en tres ocasiones en días distintos durante los diez días que permanecí incomunicado (...) fui sometido a golpes con la vista vendada y esposado, fui desnudado y se me aplicaron descargas eléctricas en los tobillos, desconozco si había alguien más. También fui interrogado en dos ocasiones por el Fiscal Naval, quien me amenazaba, ordenaba los interrogatorios y las incomunicaciones”, acotó.
La demanda consigna que: "Es de justicia que Héctor Llaitul Carrillanca sea indemnizado por parte de quien fue responsable de la situación que debió sufrir: detención ilegal y arbitraria, incomunicación prolongada, lo que constituye un trato inhumano y degradante, y torturado bajo prisión política".
La acción es patrocinada por el abogado Alberto Espinoza, quien presentó la primera querella contra Augusto Pinochet y ha sido el histórico abogado de la mayoría de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
“Como consecuencia directa de la detención ilegal y arbitraria, y la tortura de que fue víctima mi representado se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile. Este daño emocional, moral y material que se causó a Héctor Llaitul Carrillanca debe ser reparado”, remató el abogado.