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Informe de diputados sobre el Instituto Nacional: "Ha quedado en evidencia el uso excesivo de bombas lacrimógenas por parte de FF.EE"

Los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados elaboraron un informe tras la visita que realizaron el pasado 8 de julio al emblemático establecimiento educacional ante los episodios de violencia.

24Horas.cl Tvn

Martes 20 de agosto de 2019

Los diputados de la Comisión de Educación que visitaron el Instituto Nacional el 8 de julio para evaluar la situación del establecimiento revelaron el informa con las conclusiones y sus propuestas.

El documento despachado este lunes 19 de agosto  fue redactado por la presidenta de la comisión, la diputada Camila Rojas con la probación de todos los miembros.

En el informe se abordan las cinco principales preocupaciones manifestadas por la comunidad educativa, tanto en la comisión como durante la visita de los parlamentarios a la institución. Estas son: infraestructura y mantención, violencia dentro y fuera del Instituto Nacional y rol de Carabineros, comunidad escolar y hechos de violencia perpetrados por una parte de la misma, salud mental de los estudiantes e insuficiencia de recursos.

"En este informe hacemos una serie de recomendaciones, entre las cuales se considera la contratación de profesores y profesoras para reemplazo, ante las faltas de profesores que se nos relató. La realización de inversión en infraestructura, principalmente pensando en que el colegio tiene un deterioro importante y no ha tenido una inversión integral desde su construcción, que data de los años sesenta. Los estudiantes de esos años se sentaban en los mismos pupitres que utilizan los estudiantes de 2019, por ejemplo”, comenta la diputada Camila Rojas.

"También se considera la recuperación del Centro de Extensión del colegio, que es una de las demandas de la comunidad educativa, y la entrega de apoyo sicosocial y orientación a los estudiantes para fomentar un desarrollo integral, que es una de las demandas de los alumnos. Además, y muy importante, es la necesidad de protocolos internos ante hechos de violencia, pensando principalmente en que la actuación de Carabineros debe ser limitada y no la regla general”, agregó.

Según reveló la diputada Rojas el documento se le hizo llegar a la Ministra antes de su reunión con el Alcalde Alessandri y la Intendencia  de manera que fuera considerado a a hora de tomar decisiones con respecto al establecimiento.

Conclusiones y propuestas del informe:

Infraestructura

Se cuenta en el informe que el edificio de 40.000 m2 ha sufrido un deterioro permanente producto del tiempo y de la falta de mantención desde su fundación en el año 1813. El establecimiento cuenta con 52 salas para clases, que reciben en sus espacios a 4.370 alumnos, desde séptimo básico a cuarto medio. Para el año 2018 el promedio de estudiantes por sala era de 42,4 en todos los niveles y de 44,5 para séptimo y octavo básico, cuando la ley 21.040, en su artículo 19 punto 12, explicita que el número de alumnos por sala no deberá sobrepasar los 35 estudiantes.

El documento indica que “el edificio se encuentra en un evidente estado de abandono, que se manifiesta en pisos rotos, ventanas sin vidrios, sectores completos cerrados, salones inutilizables, duchas rotas, goteras y filtraciones, agujeros en las paredes, ausencia de cortinas, desniveles en varias salas, y sectores no adaptados para el uso y la circulación de estudiantes con movilidad reducida o en situación de discapacidad. En el caso de los baños, resulta evidente que la cantidad es insuficiente para el número de estudiantes del establecimiento, que según cálculos de la comunidad, corresponde a 2 inodoros por cada 60 estudiantes. Desde marzo a la fecha, el colegio no cuenta con agua caliente, así como tampoco calefacción en las salas durante el invierno, ni sistema de aire acondicionado en el verano”.

Violencia y rol de Carabineros

Sobre este punto, dice el informe que la violencia al interior del establecimiento, protagonizada por grupos de estudiantes y apoderados minoritarios, e incrementada en su interacción con las fuerzas policiales, “ha generado un clima público y mediático de confrontación que repercute negativamente en la convivencia de la comunidad”. 

El documento critica la medida de revisión de mochilas por estar fuera de las atribuciones de Carabineros. Además, dice el texto, “ha quedado en evidencia el uso excesivo de bombas lacrimógenas por parte de FF.EE, haciendo caso omiso al uso restringido que dictamina la normativa de Carabineros de Chile en cualquiera de sus estados, ante la presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud”.

También se señala que “es posible verificar la presencia constante de fuerzas especiales y piquetes de Carabineros de Chile en la entrada del establecimiento, lo que a juicio de algunos fomentaría la estigmatización de los estudiantes del establecimiento, naturaliza la represión y perjudica las posibilidades de los miembros de la comunidad de continuar el proceso educativo de manera normal. De igual forma, hubo estudiantes que manifestaron sentirse más seguros con la presencia policial que sin ella”.

Respecto a los procesos disciplinarios en el marco de la ley N° 21.128, “Aula Segura”, este año se han iniciado 27 procesos por contravención a dicha ley, sancionándose con la expulsión a 2 estudiantes, y permaneciendo actualmente 16 procesos en tramitación.  

Comunidad Escolar

Existe una preocupación profunda de apoderados por la falta de profesores (hay 182 docentes para 4.370 alumnos) y el incumplimiento de las horas de clases: “Los estudiantes son continuamente despachados o quedan sin actividades al interior del establecimiento durante el horario escolar, por no existir profesores/as suficientes para las clases. Se señala que se pierden más horas por falta de profesores/as que por movilizaciones. El debilitamiento de las academias y actividades de extensión por la falta de recursos ha impactado asimismo las expectativas de la comunidad y, especialmente, el desarrollo de los estudiantes”, dice el documento.

Además, el informe habla de la existencia de tres centros de padres funcionando paralelamente y cómo eso afecta a la comunidad del Intituto Nacional. “Esto ha repercutido, por ejemplo, en verdaderas trincheras en torno al conflicto, con apoderados pujando por soluciones contradictorias a la crisis, y actuando de manera indebida en situaciones, como por ejemplo, la votación que determinaría la conversión del colegio a matrícula mixta”, dice el texto.

Salud mental

Mediante oficio la comisión de Educación solicitó información acerca del estado de salud mental en el Instituto Nacional. Desde el municipio informaron que en lo que va del año 2019, se han detectado 92 casos de estudiantes con problemas de salud mental, entre los que se cuenta depresión, ansiedad y crisis de pánico. En relación a los funcionarios con problemas de salud mental, al mes de junio se encontraban 5 docentes y 2 asistentes de la educación con licencia médica otorgada por Psiquiatra. El Instituto Nacional cuenta tan sólo con dos psicólogos y seis orientadores para 4.370 estudiantes, lo que a juicio de la comunidad es insuficiente.

Recursos insuficientes

Hay consenso en cuanto a la falta de recursos del establecimiento educacional, lo que repercute en todas las áreas señaladas anteriormente. Este déficit se ha visto agravado por las constantes manifestaciones violentas ocurridas dentro del establecimiento educacional.

Con fecha 19 de junio del presente año, mediante oficio la comisión solicitó a la Presidenta del Centro de Padres y Apoderados CEPA A-0 Instituto Nacional, informar respecto de todas las actividades que se han dejado de realizar en el Instituto Nacional por insuficiencia de recursos. En la respuesta destacan datos como que “la matrícula aumentó un 8% entre 2015 y 2018 y el aporte del municipio ha caído un 17% desde 2015”.

Y que “la inversión total en el establecimiento representa menos del 5% del total de lo invertido en este ítem por la Municipalidad de Santiago, a pesar que su matrícula supera el 13% del total de la comuna”.