El pasado 21 de noviembre, cuatro imputadas de la unidad Centro Penitenciario Femenino (CPF) San Miguel fueron trasladadas al CPF San Joaquín para realizarse un control médico y toma de ecografías con el Gineco-Obstetra a cargo de estos procedimientos en la Región Metropolitana. Sin embargo, una vez finalizada la visita y de regreso a su unidad de origen manifestaron a la matrona, quien las acompañó en todo momento del procedimiento médico y traslado, que el doctor había realizado tocaciones indebidas y abusivas.
Según relata en un comunicado la propia Gendarmería, tras el hecho la jefa de unidad, Teniente Coronel Ana María Garrido, realizó el correspondiente parte denuncia, enviando además los antecedentes a la fiscal de turno de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, María Narváez Rebolledo, quien dispuso que la brigada de delitos sexuales de la Policía de Investigaciones realice el procedimiento que corresponde en estos casos.
En paralelo a esto, la institución ordenó un sumario administrativo e informó el 27 de noviembre a través del Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería de todas las gestiones realizadas, al INDH y a las defensorías regionales metropolitana Norte y Sur.
Gendarmería enfatiza que desde el primer día de ocurridos los hechos, "se han aplicado medidas de contención a las denunciantes, donde se ha estado prestando atención sicológica y otras acciones de apoyo y resguardo para las mismas".
Por último, se informó que el profesional se encuentra suspendido preventivamente de sus funciones en el marco del sumario administrativo. Además, el Director Nacional de Gendarmería dispuso el término anticipado del contrato.
INDH PRESENTA QUERELLA POR TORTURAS SEXUALES
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) también tomó parte en el caso y este viernes decidió presentar una querella por torturas sexuales a través de su Sede Metropolitana, en contra del profesional de la salud.
El INDH argumentó que la persona "solicitó desnudamientos, realizó tocaciones y pronunció comentarios lascivos respecto de cuatro internas -dos de ellas embarazadas-, en el contexto de una atención de salud sexual y reproductiva".
La jefa regional metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, sostuvo que este funcionario "abusó de cuatro mujeres en circunstancias que tenía la responsabilidad de velar por la salud sexual y reproductiva de ellas, dos de éstas se encuentran embarazadas, por lo que la atención con este ginecólogo es la única posibilidad que tenían de controlar la salud de sus hijos que están por nacer".
En esa misma línea, el INDH solicitó que se entreviste a todas las mujeres que fueron atendidas por este gineco-obstetra durante los últimos tres meses, ya que el profesional desarrolla la totalidad de los exámenes ginecológicos a las reclusas en toda la Región Metropolitana, por lo que no se descarta que a partir de dichas entrevistas surjan más denuncias.
La querella del INDH sostiene que las internas del Centro Penitenciario de San Joaquín fueron discriminadas por motivos de sexo y por su condición de salud, lo cual configura una práctica específica de tortura.