La exsubsecretaria de Prevención del Delito y actual vocera de la campaña del candidato Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se refirió al sumario iniciado por la Contraloría por eventuales irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros de Chile, mientras Martorell era parte de la mencionada subsecretaría.
Al respecto, la exautoridad de gobierno explicó que el informe de Contraloría "respecto a una licitación de bodycam" tenía el objetivo de "transparentar la labor policial y entregar información al Ministerio Público de la labor que realizan las policías".
En se contexto, es que recalca que la "Contraloría ha establecido que existen errores administrativos, algunos que están subsanados, otros que están en proceso de subsanación, mientras era subsecretaria, y otros que deben ser subsanados".
Sin embargo, fue enfática en aclarar que "el informe no establece que existan elementos que revistan características de delito".
Finalmente y en relación al sumario, indicó que "no puede ser que en Chile sea gratis querellarse y, una vez terminado este proceso, ejerceré las acciones legales que correspondan en contra de la empresa que ha buscado enlodar mi imagen".
Contraloría abre sumario por eventuales irregularidades en compra de cámaras corporales para Carabineros
Este viernes la Contraloría abrió un sumario por eventuales irregularidades en la compra de cámaras corporales para Carabineros de Chile. La empresa que obtuvo la licitación entró a ésta fuera de plazo y además entregó productos que no cumplían con los requisitos al momento de la adjudicación; específicamente la función “post recording” que permite continuar la grabación por 120 segundos luego que la cámara es apagada.
La compra se realizó en 2020 por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito por un monto mayor a $378 millones, mientras Katherine Martorell – actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel- estaba a la cabeza del organismo.
A la licitación se presentaron ocho empresas. La Contraloría General de la República en la auditoría N°277 determinó que Motorola Solutions Chile S.A. presentó su propuesta fuera de plazo, al igual que otras cuatro. Sin embargo, la Subsecretaría de Prevención del Delito visó la adjudicación en marzo de 2020 en la resolución exenta N°493.
Revisa los documentos de la licitación
La entidad señala en la auditoría que al momento de la licitación Motorola no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función post recording, exigencia que figuraba en las bases del concurso.
De acuerdo a la Contraloría, las cámaras Edesix VB-400 propuestas por Motorola Solutions Chile S.A. no disponían de post recording al momento de la adjudicación, 11 de marzo. El informe de auditoría señala que se verificó lo anterior mediante la revisión de las fichas técnicas e historial de versiones disponibles en la página web del fabricante. La misma fuente evidencia que el 25 de ese mes aparece publicado que la cámara dispondría del post recording.
En una carta a la Subsecretaría en junio de 2021, Motorola explica que las cámaras adquiridas venían con el firmware V.14.2.3 instalado al momento que fueron fabricadas, embaladas y almacenadas; pero que la versión de firmware que realiza la activación de post recording es la V14.5.0 en adelante; liberada en agosto de 2020. Asimismo, señala que la versión fue actualizada en un proceso sencillo y se liberó anticipadamente a la Subsecretaría.
La Contraloría también verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes que tuvo a la vista la comisión evaluadora para analizar las ofertas recibidas, y por tanto no hay registró de cómo tomaron las decisiones.
Otro de los puntos que analiza la auditoría es el puntaje máximo que se adjudicó a Motorola en el atributo "Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura de las oferta". Sin embargo, según consta en el acta de evaluación con fecha 6 de marzo, la empresa no dispuso el anexo sobre el plazo de entrega total del sistema.
Por los antecedentes señalados, la Contraloría concluye e instruye la apertura de un sumario para determinar responsabilidades de carácter administrativas. Además, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público.