"Que una persona sea privada de su libertad por cometer un delito no es justificación para que sus derechos humanos sean violados".
Así de categórico fue el representante legal regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Americo Incalcaterra, para condenar la agresión que sufrió un grupo de reos de Rancagua a manos de gendarmes.
Incalcaterra solicitó una investigación imparcial y efectiva de los hechos para dar con los responsables y llevar los antecedentes ante la justicia, considerando que el ataque se produjo en agosto del 2013.
"Es preocupante que a un año de lo sucedido, las autoridades pertinentes no hayan avanzado en determinar las responsabilidades materiales e institucionales en estos hechos", recalcó.
Respecto a la decisión del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, de reabrir el sumario interno, el representante regional del organismo celebró la medida e instó al Ejecutivo a crear planes para erradicar la violencia de los centros penitenciarios.
Misma opinión emitió Incalcaterra sobre la querella por los delitos de tortura y apremios ilegítimos que interpuso en el caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
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