Un decreto emitido por el Ministerio de Salud prometía resolver el problema del acceso a los remedios a un grupo importante de chilenos que padecen esclerosis múltiple.
No obstante, esta patología necesita ir modificando el tratamiento, por lo que en muchos casos las Isapres se niegan a cubrir los medicamentos que no están dentro de los protocolos descritos en el documento.
Ante esto, los pacientes tienen la chance de recurrir a la denominada Ley Ricarte Soto, sin embargo, el proceso de respuesta resulta lento para sus necesidades.
Desde la neurología advirtieron sobre la gravedad de esta situación, puesto que una persona que no accede en el periodo correcto al remedio necesario puede perder autonomía en su vida diaria.
Los afectados proponen soluciones como el regreso de la canasta abierta y la derogación del decreto en cuestión.
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