En diversas partes del país, personas de todas las edades se reportan como extraviadas, y muchas de ellas son menores de edad. Según Carabineros, cada año se registran 25 mil denuncias , con mil por año sin resolver; y la PDI sostiene que son 8 mil denuncias, y cerca de 600 casos sin resolver.
Es así como se ha conocido el caso de Fernanda Maciel, la joven embarazada de Conchalí quien desapareció hace 11 meses; o el caso de Tamara Zurita, la joven de 21 años quien desapareció el pasado 25 de septiembre en Chiguayante, región del Biobío.
Esos son sólo algunos de los ejemplos de la realidad que las autoridades buscan mitigar a través de un proyecto de ley ingresado el miércoles a la Cámara de Diputados, a cargo de los diputados Pablo Kast (Evópoli) y Marisela Santibañez (PRO), que busca establecer diligencias más específicas dentro de las primeras 24 horas de reportada la desaparición.
Entre las características del proyecto se encuentran:
- Establece una definición señalando "la pérdida de contacto con una persona, de quien se ignora su actual paradero y se teme fundadamente por su vida o por su integridad física".
- Plantea cinco categorías de extravío de personas: por causas médicas; por causa accidental o natural; extravío por suicidio; desaparición forzada o por intervención de terceros; y desaparición voluntaria, por evasión o fuga.
- Busca crear la Base de Personas Extraviadas en Chile, principalmente por la disparidad que existe entre las cifras que maneja la PDI y Carabineros. De esta manera, se pretende que exista una base de datos única.
- Se categoriza por tipo de riesgo de desaparición, catalogándolo como: de Alto Riesgo confirmado, Alto riesgo no confirmado y Riesgo limitado.
- El uso de las cámaras de vigilancia es otro tema que se busca regular, pues la ley actual no exige que se compartan las imágenes.
- El proyecto también propone una modificación al artículo 83 del Código Procesal Penal, para que las policías puedan actuar sin la autorización previa de un fiscal.