El Presidente Sebastián Piñera firmó esta mañana el proyecto de ley Aula Segura, texto que busca aumentar las facultades a las autoridades de los establecimientos para la toma de decisiones sancionatorias, así como proteger a profesores y a la comunidad escolar de hechos de violencia.
La iniciativa fue motivada por las agresiones que se han generado en el último tiempo y que incluyen a liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, donde miembros de la comunidad escolar fueron rociados con bencina, o la denuncia de una profesora del liceo Manuel Barros Borgoño, quien también fue víctima de un grupo de encapuchados, entre otros.
El Mandatario explicó que "actualmente, sólo se puede expulsar y cancelar las matrículas cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar al alumno de la comunidad educativa que fue víctima de los hechos de violencia".
En ese sentido, sostuvo que "como Gobierno no vamos a tolerar más esta situación y vamos a tomar las medidas necesarias para que la paz vuelva a nuestras aulas, y no seguir tolerando que un pequeño grupo de violentistas y delincuentes".
Además, enfatizó que este proyecto es una herramienta útil y necesaria, agregando que "el mensaje es muy claro, les decimos a todos nuestros compatriotas: nuestro Gobierno está comprometido con la calidad de la educación, de todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes, con la dignidad que merece toda la comunidad escolar pero va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretender crear un clima de terror al interior de los establecimientos educacionales".
Por ello, este proyecto permite:
- Fortalecer las facultades del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia en el aula.
- Se establecerán causales que, por su gravedad, no requieren una modificación previa de reglamentos internos para su aplicación.
- El proyecto busca armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.