La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tal como lo hizo por el terremoto 8.2 Richter en el norte del país, decretó Estado de Catástrofe para Valparaíso por el gigantesco incendio que afectó la ciudad desde la tarde de este sábado hasta la madrugada del domingo.
En la práctica, esta decisión permite disponer de una serie de medidas y recursos para restablecer el orden y garantizar la seguridad de las personas en sectores afectados por situaciones de calamidad pública, pero ¿qué significa esta disposición legal?
Según recoge la Biblioteca del Congreso Nacional, Estado de Catástrofe es uno de los Estados de Excepción Constitucional que contempla nuestra legislación. Sólo el Presidente tiene la facultad para invocarla y es aplicada en los casos de Calamidad Pública.
Una vez que se oficializa esta medida, la porción de territorio que esta bajo Estado de Catástrofe queda bajo el control del jefe de la Defensa Nacional que el mandatario de turno designe.
De la misma forma, entre las atribuciones que adquiere el Presidente (o Presidenta) tras invocar esta situación de excepción destacan:
- Restringir las libertades de locomoción y de reunión.
- Disponer requisiciones de bienes.
- Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
- Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.
Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional designado por el mandatario(a) de turno adquiere los siguientes derechos y deberes:
- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en la zona.
- Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella.
- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros.
- Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.
- Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.
- Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público.
- Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
- Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
- Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona.
Según protocolo, tras 180 días el Congreso puede dejar sin efecto la medida.
Foto: TVN.