Fue un caso que remeció al país.

En marzo de 2012, Gabriela Marín, una joven parvularia de 23 años, se suicidó al ver que los responsables de haberla violado fueron dejados en libertad por la justicia.

Casi un año después, en febrero del 2013, se cierra un triste episodio para la familia con la decisión de la Fiscalía Regional de O’Higgins de sancionar a los fiscales Néstor Gómez Canales y Carlos López Miranda por no haber dejado en prisión de inmediato a los antisociales.

El Ministerio Público informó que ambos persecutores deberán pagar una multa correspondiente al 50% de su remuneración. En el caso Gómez, ésta responde al hecho de no haber dado cumplimiento a instrucciones internas, entre ellas, la de concurrir en ese caso, al sitio del suceso.

La situación de López, en tanto, se debe a a las decisiones tomadas en la audiencia de formalización el pasado 8 de agosto, sin conocimiento de su superior jerárquico, ya que no pidió la prisión preventiva para los imputados debido a que la víctima no reconoció en primera instancia a sus agresores.

Este último además deberá cancelar una multa adicional equivalente al 20% de su sueldo por formular declaraciones públicas a título personal refiriéndose a conductas de otro fiscal, pese a no estar autorizado para ello.

La institución  recordó que además de las sanciones el mes de octubre pasado se llevó a cabo una reestructuración administrativa Fiscalía Local de San Fernando, entre ellos, el nombramiento de un nuevo Fiscal Jefe y el traslado de los fiscales mencionados a otras Fiscalías de la Región.

En septiembre pasado el ministerio público reconoció que el fiscal jefe de San Fernando era quien realmente estaba de turno el día en que la parvularia Gabriela Marín fue abusada sexualmente y que debió concurrir al sitio del suceso de acuerdo a los instructivos de la Fiscalía. Revisa la crónica.