La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), publicó este miércoles 20 de marzo en su página web (www.subtel.gob.cl) una consulta pública con respecto del reglamento de la Ley de Velocidad Mínima de Internet.
La medida busca conocer la opinión de todos los integrantes del ecosistema de las telecomunicaciones, y obtener así insumos que sirvan para definir los respectivos aspectos técnicos, económicos y jurídicos de las normativas a desarrollar.
Cabe recordar que a fines de noviembre de 2017 se publicó la Ley n° 21.046, que busca establecer la obligación de garantizar una velocidad de acceso a Internet de acuerdo a lo publicitado por las empresas. Para que esta ley pueda ser aplicable, la Subtel debe generar la normativa.
La consulta, que estará disponible 20 días a partir de hoy, estará compuesta de 5 puntos: Medición de Velocidad Individual por usuario; Organismo Técnico Independiente que realiza mediciones representativas de las redes de los proveedores de acceso a Internet y de los usuarios individuales; Contratos, publicidad y ofertas bajo denominación Banda Ancha; Reclamos y Compensaciones; y aspectos generales de esta normativa.
De acuerdo al último “Estudio de Satisfacción de Usuarios de Telecomunicaciones“, realizado por Cadem, los servicios de internet móvil y fija cuentan con 42% y 22% de satisfacción respectivamente, posicionándose dentro de los peores evaluados, lo que evidencia la necesidad de establecer estándares de calidad.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, afirmó que “los usuarios demandan más conectividad y que está sea de calidad, a una velocidad constante. Con este reglamento, las empresas deberán garantizar una velocidad mínima y disponer de las herramientas necesarias para que esta pueda ser medida en cualquier momento”.
En la misma línea, agregó que con esto,“se protege a los usuarios, permitiéndoles acceder a mayor información a la hora de contratar servicios. Por esto, hago un llamado a todos los usuarios, a las empresas, la academia, organizaciones de consumidores, ONG, el sector público y comunidad en general, a participar en esta consulta pública, ya que sus opiniones serán relevantes para la construcción de este reglamento”.
