La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización por daño moral a la madre y una hermana del joven Matías Catrileo Quezada, muerto en el fundo Santa Margarita de Vilcún el 03 de enero de 2008, en un episodio catalogado por la justicia como de “violencia innecesaria” por parte de Carabineros.
El estudiante de Agronomía de la Universidad de La Frontera fue baleado con una subametralladora por la espalda por el uniformado Walter Ramírez durante la ocupación del predio del empresario Jorge Luchsinger. Tenía 22 años.
La tercera sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que ordenó pagar 80 millones de pesos a María Quezada Merino, madre de la víctima; y 50 millones de pesos a Catalina Catrileo Quezada (hermana).
El pronunciamiento de la Suprema, coincidente con lo expresado por la Corte de Apelaciones a fines de enero, donde se ratifica la resolución dictada en primera instancia por la jueza Inelie Durán, del Segundo Juzgado Civil de Santiago, quien determinó la responsabilidad del Estado en el actuar del cabo Ramírez.
Cuando la Corte de Apelaciones se pronunció sobre la indemnización en enero, la familia Catrileo emitió una declaración en la que señalaron que no estaban dispuestos a aceptar dinero manchado con la sangre del joven mapuche y que habían iniciado la acción judicial con la finalidad de demostrar que el Estado era responsable de la muerte del estudiante.
Fuente y foto: Agencia Uno.