La magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paola Rabinovich, resolvió acoger la solicitud de la Fiscalía y ordenar prisión preventiva para Rafael Garay por delitos de estafa reiterada en el anexo Capitán Yáber.

Además se estableció un plazo judicial de investigación de 120 días propuesto por la defensa, y que el fiscal Sabas Chahuán aceptó.

"Al Tribunal le parece que sí se configura el peligro para la seguridad de la sociedad por el número de delitos (36 estafas reiteradas) que excede 400 UTM y 12 de estas estafas alcanzan entre 40 y 400 UTM", indicó la magistrada.

"Es evidente el peligro de fuga del imputado que ha tenido que ser extraditado de un país extranjero. No sólo viajó a un país extranjero para eludir a la justicia, sino que también mintió respecto a su viaje (...) no hay antecedentes que aludan al cáncer al cerebro y tener una enfermedad terminal", continuó la jueza.

Además, el imputado "viajó a un país que no tiene tratado de extradición con Chile. Si es que Rumania no hubiera otorgado la extradición, lo que podría haber ocurrido, estos delitos podrían haber quedado sin la posibilidad de ser juzgado en el país".

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

En la audiencia de reformalización, que se extendió por más de dos horas las partes querellantes entregaron sus planteamientos respecto de los delitos que se le imputan al economista por estafas a través de su empresa Think & Co.

Recordar que el pasado 24 de noviembre se realizó una audiencia de formalización del ingeniero comercial en su ausencia, donde se dispuso "la procedencia para decretarse la prisión preventiva en el extranjero".

Al inicio de la misma, el abogado de Garay, Rainiero García, solicitó liberarle las esposas de sus manos, sin embargo, la magistrada indicó que mientras se discutía la prisión preventiva solicitada por Fiscalía, se mantenían las medidas de seguridad.

Luego, la defensa del economista, planteó que para "proceder a un régimen de extradición se requiere la autorización del país del que es extraditado, pero el documento emitido no presenta autenticación".

Finalmente, y tras unos 20 minutos de discusión, la magistrado consideró que lo expuesto por la defensa era de carácter administrativo y no intervenía en la continuidad del proceso penal.

Garay solicitó a su defensa no oponerse a las medidas cautelares que se decretaran.

"La defensa no ha efectuado alegaciones y se reserva realizarlas para otras instancias, por expresa petición de Garay", manifestó el abogado Rainiero García.

EXTRADICIÓN

A raíz de una resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 14 de diciembre de 2016, se declaró procedente solicitar al Gobierno de Rumania la extradición.

El Tribunal de apelación de Brasov, según resolución -remitida por la Corte de Apelaciones- en audiencia publica del 17 de febrero de 2017 accedió a la solicitud del ciudadano chileno para ser extraditado a las autoridades judiciales de Chile para ser imputado por el delito de fraude.

Este último organismo fue el encargado de determinar que Garay enfrentara la Justicia, razón por la que la magistrada determinó que el planteamiento de la defensa era de carácter administrativo.

MODUS OPERANDIS

La primera parte querellante se refirió a las estafas cometidas contra 36 víctimas, quienes se sumaron a la sociedad del imputado, Think & Co.

"El imputado enviaba a sus clientes un correo electrónico con información de sus finanzas, donde le entregaba el estado de sus inversiones, estado de la economía internacional, y la advertencia de no caer en estafas piramidales", esto incluye 35 víctimas.

En el caso del periodista Iván Núñez, el abogado querellante de la fiscalía aclaró que ambos se conocieron mientras entrenaban juntos en el departamento de Garay, quien le ofreció las mismas condiciones para invertir. Por ello, Núñez decide sacar un crédito de 20 millones en el Banco Itaú, luego recibe un vale vista por 24 millones que decide reinvertirlos, hasta sacar sólo 8 millones de pesos.

En el caso de la esposa de Ñúñez, Marlene de la Fuente decide invertir 78 millones de pesos a un año plazo con la misma rentabilidad. El dinero al 30 de junio de 2016 alcanzaba 91 millones de pesos. Luego, debido a la presunta enfermedad de Garay, se le informa que tendría una devolución en un plazo de 5 meses, lo que nunca ocurrió.

ANTECEDENTES DEL ENGAÑO

"Estos delitos corresponden a estafa en su grado consumado siendo autor de los mismo", indicó el abogado querellante. Fiscalía estima que el imputado es un peligro para la sociedad y que hay un peligro de fuga.

Respeto al engaño, como presupuesto material, es la "apariencia de una sociedad (...) que estaba legalmente constituida no tenia giro de negocios, es inexistente, y en la práctica no tenía empleados, administrativos, cartolas de información financiera, etc.", indicó el fiscal.

De hecho, en los allanamientos no se encontró información contable relevante, sino que sólo se dio con folletería de carácter promocional del imputado.

Además, "se dijo que era una sociedad de fondos de inversión (...) no existía porque los fondos de inversión tampoco existían. También se hizo presente que la sociedad era fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros y eso no fue efectivo, es cosa de ver la información en el sitio web".

Respecto al contrato de honorarios, existían dos modalidades:

• Una donde el cliente entregaban un capital y Garay ofrecía una rentabilidad mensual en sus cuentas

• La víctima entregaba un capital y los intereses se iban capitalizando, agregándose al capital inicial.

• Garay ofrecía una rentabilidad del 18% anual libre de impuestos y comisiones del 7% sobre la utilidad del periodo señalado, que serían para él. Sin embargo, nunca existieron las utilidades.

Las apariciones en medios de comunicación y en redes sociales, también fueron parte del engaño considerada por la Fiscalía.

La segunda parte del engaño fue la falsa enfermedad, lo que le permitió "suspender los pagos de intereses, ganar tiempo para escapar del país el 4 de septiembre de 2016".

Se ofició a todas las sociedades de inversiones y ninguna de ellas confirmó que la empresa Think & Co era inversionista.  "Lo que hace el señor Garay es simplemente gastarse el dinero de sus clientes", indicó el fiscal.

PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

Respecto al peligro para la seguridad de la sociedad, se considera la penalidad asociada al delito, que exceden de las 400 UTM de perjuicio. "Son aquellas estafas que el legislador ha considerado de las más graves. Nosotros tenemos más de 20, por lo que hay un nivel de reiteración del delito".

La fiscalía consideró que existe una multiplicidad de delitos, por lo que la pena de 5 años privados de libertad podría ser considerado "imprudente", pero sería prudente entre 10 a 15 años y 1 día.

"La fiscalía solicita prisión preventiva por peligro de fuga por ser considerado un peligro para la sociedad".