El Congreso de Guatemala anuló el miércoles en la noche el polémico presupuesto de 2021, pocos días después de que la sede parlamentaria fuera incendiada en las protestas que se generaron por la aprobación de ese gasto.
El presupuesto -el mayor en la historia del país, equivalente a US$12.800 millones- había sido repudiado por gran parte de la sociedad guatemalteca.
La mayor crítica fue hacia la distribución de los recursos que, en un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza, favorecía al sector privado por encima de los más necesitados.
De las marchas masivas, que al comienzo fueron pacíficas, salió un grupo de manifestantes que se tomó parte de las instalaciones del Congreso y les prendió fuego.
Sesión larga y agresiva
La quema de algunas de las oficinas obligó al Parlamento unicameral a sesionar temporalmente en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala.
La sesión plenaria del miércoles -que duró más de nueve horas- fue por momentos acalorada, con enfrentamientos verbales, insultos y hasta con un amago de golpes entre diputados. El presidente del Congreso tuvo que llamar al orden repetidamente.
En la transmisión televisiva de la sesión se pudo ver cómo dos diputados, Mario Taracena y Édgar Reyes Lee, estuvieron a punto de agredirse antes de que varios de sus colegas intervinieran para evitar el choque.
Por otro lado, la primera vicepresidenta del Congreso acusó a Taracena de agredirla física y verbalmente y las diputadas de todas las bancadas la rodearon para protegerla. Éstas dijeron que el incidente será denunciado en el Ministerio Público para su investigación.
Antiguo presupuesto
Al final, el decreto del presupuesto 2021 fue anulado y archivado definitivamente con una votación de 121 a favor y 24 en contra.
Al mismo tiempo quedaron sin efecto la solicitud de dos préstamos por US$594 millones y US$20 millones para financiar el gasto.
Ahora el gobierno del presidente Alejandro Giammattei deberá reformular el presupuesto vigente de 2020 de US$10.390 millones para que continúe el próximo año.
Pero ese no será el fin de los problemas para el presidente conservador que apenas lleva 10 meses en el poder y ha visto su popularidad caer a 30%, según una encuesta realizada en julio.
Gran parte de las protestas de los últimos días tienen que ver con los reclamos contra la corrupción y la gestión del gobierno. Los manifestantes se refirieron al "hartazgo" general ante la situación que vive el país y piden la renuncia del presidente.