Deberá enfrentar cargos por homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la tragedia del Chapecoense.
Gustavo Vargas Gamboa, director de la aerolínea Lamia, fue imputado por la Fiscalía Boliviana por tres delitos, tras el accidente de una nave de esa compañía en el que fallecieron 71 personas.
El avión, que trasladaba al club brasileño de fútbol Chapecoense a Medellín, se vino a tierra poco antes de llegar a su destino el pasado 28 de noviembre.
El fiscal Iván Quintanilla, uno de los que investiga lo ocurrido, indicó a la prensa que Vargas Gamboa fue imputado además por los delitos de lesiones graves y gravísimas, y desastre en vía aérea.
El directivo de la línea aérea, quien se encontraba bajo custodia policial tras ser detenido el martes, fue presentado este jueves ante un tribunal en la ciudad de Santa Cruz, donde tiene su sede la compañía, para decidir sobre posibles medidas cautelares.
La Fiscalía anunció que pediría que le mantengan en prisión preventiva.
Hasta ahora, para las autoridades la hipótesis considerada más plausible sobre las causas del accidente fue la falta de combustible suficiente para cubrir la ruta.
Bajo investigación
Este jueves, las autoridades detuvieron al exdirector del Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Gustavo Vargas Villegas, quien es hijo de Vargas Gamboa y se encuentra bajo investigación por haber autorizado la operación del avión siniestrado.
Las indagaciones sobre Vargas Villegas se relacionan con la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de deberes, según informó la Fiscalía.
Por este caso también están sometidos al escrutinio de las autoridades judiciales el socio de Vargas, el exmilitar Marco Antonio Rocha, y la funcionaria del organismo de control de vuelos Celia Castedo, quien cuestionó el plan de vuelo del avión antes de que partiera hacia Colombia.
El accidente aéreo causó la muerte de 71 de los 77 pasajeros. Sólo hubo 6 sobrevivientes.
El caso ha impulsado la coordinación entre las autoridades judiciales de Bolivia, Brasil y Colombia.
El pasado miércoles, fiscales de esos tres países se reunieron en Santa Cruz para compartir información y analizar los próximos pasos en las investigaciones.