La golpeó, le hizo sangrar por las orejas, la amarró, le desfiguró la boca, la quemó con colillas de cigarrillos.
Tan brutales fueron las palizas que recibió la entonces adolescente de 18 años durante dos meses y medio que la prensa lo apodó como "El Monstruo de Los Palos Grandes".
Sin embargo, fue el nombre Linda Loaiza el que, de la noche a la mañana, se hizo imposible de olvidar en Venezuela.
La joven fue rescatada el 19 de julio de 2001 de un apartamento en una zona acomodada del este de Caracas, la urbanización Los Palos Grandes.
Las fotos de su cara hinchada, con los párpados cerrados, quemaduras en la nariz, y la boca abierta y rota inundaron las portadas de los principales diarios. El país quedó conmocionado.
Las lesiones que sufrió fueron tan graves que pasó más de medio año hospitalizada y tuvo que someterse a 15 cirugías , incluida una de reconstrucción vaginal.
Han pasado 17 años desde su rescate, pero a Loaiza igual se le quiebra la voz cuando, sentada frente al estrado, describe lo que le hizo su agresor.
" Ese señor me tomó fotos desnuda arrodillada sobre chapas de refresco, mientras me golpeaba ", dice. La jueza que la escucha con atención no puede evitar arrugar la cara.
Loaiza no está frente a jueces venezolanos, como en el pasado, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Este martes rindió su declaración como la primera venezolana que demanda al Estado de su país ante ese tribunal internacional por un caso de violencia contra la mujer.
Y se convirtió, además, en una de las pocas que ha llegado a esa instancia para exigir que el Estado se haga responsable por el daño que le infligió una persona particular.
"Se quedó corto para el daño que sufrí"
En un descanso entre sesiones de la audiencia del martes, Loaiza le habla a BBC Mundo sobre el testimonio que acababa de dar: "Se quedó corto para el daño que sufrí".
Con una voz dulce y una leve dificultad para hablar por la cirugía maxilofacial que le practicaron, Loaiza parece más cómoda hablando como abogada que como víctima.
Sus planes de ser veterinaria se interrumpieron tras su secuestro y "la indignación hacia el sistema judicial venezolano" la llevó a estudiar Derecho.
"Lo que le pedí a la corte es que el Estado venezolano sea declarado responsable por la violación a los derechos humanos, porque no cumplió con la debida diligencia ni garantizó el debido proceso. Además hubo violación de mi integridad personal y de mi familia", explica.
Loaiza, quien ahora tiene 35 años, argumenta que las denuncias repetidas que hizo su hermana mayor, Ana Secilia, para que se investigara su desaparición fueron desatendidas.
También denuncia el retraso procesal y los constantes cambios de jueces y fiscales que hubo durante los dos juicios que se llevaron a cabo sobre su caso.
Su secuestrador, Luis Carrera Almoina, cuyo paradero es desconocido hoy en día, pagó seis años de cárcel por "lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad ", pero no por violación ni homicidio frustrado calificado, los otros dos cargos que le imputó la fiscalía.
La trascendencia del caso de Linda Loaiza en Venezuela no solo tuvo que ver con los brutales maltratos de los que fue víctima, sino que desató un debate sobre el privilegio, la impunidad y el sexismo en ese país.
Versiones encontradas
Luis Carrera Almoina, que ahora tiene 52 años, es hijo de un antiguo rector universitario, Gustavo Carrera Damas, y viene de una familia de prominentes intelectuales.
Loaiza, por su parte, tiene un origen familiar humilde y en 2001 acababa de llegar a Caracas junto a su hermana desde el estado andino de Mérida, en el noroeste del país, para estudiar veterinaria.
Durante el primer juicio, Carrera Almoina aseguró que otras personas trajeron a Loaiza a su apartamento con maltratos físicos.
" Ella llegó a mi casa agredida, pero no lo denuncié porque ella no quería que yo implicara a personas allegadas a ella y yo la complací", dijo entonces.
Declaró también que "colaboraba con la familia" de Loaiza porque atravesaban una "difícil situación económica y porque estaba enamorado", según recogió el diario local El Nacional.
Loaiza ha negado haber conocido o mantenido una relación amorosa con su agresor e insiste en que fue secuestrada.
Hubo un elemento que, según reflejaron los medios en ese momento, supuso un giro en la perspectiva del juicio.
La defensa de Carrera argumentó que Loaiza era prostituta y se habían conocido por un aviso clasificado en el que promocionaba sus servicios.
El cargo de violación empezó a cuestionarse, reseñó la prensa, cuando los abogados de Carrera asomaron la posibilidad de que Loaiza hubiese consentido la actividad sexual.
"No hay nada que pruebe que ese aviso existe. Con eso crearon un clima de impunidad, alimentando lo dicho por él", le dijo Loaiza a BBC Mundo.
La jueza absolvió a Carrera , luego de tres años en los que Loaiza denunció retardos procesales e incluso hizo una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que su caso fuese atendido.
La prensa llegó a calificar las delaciones en el juicio como "un peloteo de responsabilidades público y notorio" entre los poderes judiciales.
Además, citó que las relaciones de la familia Carrera Damas con jueces y fiscales pudieron haber contribuido con que más de 50 jueces se abstuvieran de atender el caso.
Algo que siempre negó el padre del agresor, quien cargó contra los medios y calificó la huelga de Loaiza como "un show mediático".
Vías de justicia
"Llegar a este punto no ha sido nada fácil, ha sido un camino largo de muchas espinas", dice Loaiza desde San José de Costa Rica, donde está la sede de la CorteIDH.
El TSJ reabrió en diciembre de 2016 el caso de Loaiza al anular la absolución por violación para Carrera, pero ella insiste en que no cree en las instituciones venezolanas y por eso emprendió acciones en cortes internacionales.
Primero acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde declaró que su experiencia había sido como "vivir la propia muerte".
La Comisión admitió su demanda y de ahí pasó a la CorteIDH, donde se espera que los jueces dicten sentencia en el transcurso de un año.
En el proceso penal internacional la acompañan abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la organización venezolana Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
Además de pedir al Estado venezolano que publique "datos desglosados sobre la violencia basada en género", Loaiza exige reparación para ella y su familia.
"Ellos han sufrido tanto como yo y han sido víctimas de amenazas", le dice a BBC Mundo.
Especialmente su hermana Ana Secilia, quien en la audiencia del martes recordó las llamadas que Carrera le hacía para decir que estaba con su hermana y amenazarla y la falta de atención, según dijo, de la policía a estas pistas.
La defensa del Estado argumentó ante esto que para ese momento existían varias instancias judiciales y de protección a la mujer a las que la hermana de Loaiza pudo haber acudido al fracasar en los intentos con la policía.
En uno de los momentos más emotivos de la jornada, Ana Secilia describió el reencuentro con su hermana en el hospital luego de ser rescatada.
"Me hiere mucho porque los dientes de su boca iban y venían, era un monstruo total. Tenía sus ojos extraviados, le habían cortado su cabello, tenía una herida en la cabeza , su cuerpo estaba golpeado, morados, quemaduras de cigarros, los labios rasgados, la boca desfigurada…".
Loaiza siempre intenta hablar del presente y de su lucha para que otras mujeres en Venezuela no vivan lo mismo que ella.
"He tomado esta bandera aunque todos los días me cueste, aunque me ataque un miedo que desea congelarme".
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