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Trump usa a los Dreamers como moneda de cambio: ofrece extender programas de protección como DACA y TPS a cambio del presupuesto para construir el muro

El presidente estadounidense Donald Trump propuso a los demócratas extender por tres años la protección a inmigrantes amparados bajo DACA y TPS., a cambio de que los demócratas aprueben el presupuesto para construir el muro fronterizo con México.

BBC Mundo

Sábado 19 de enero de 2019

El mayor cierre de gobierno en la historia de Estados Unidos podría acabar inmediatamente, si los demócratas aceptan el trato que propone el presidente Donald Trump.

Este sábado el mandatario ofreció extender por tres años la protección a los inmigrantes indocumentados amparados bajo los programas conocidos como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y los TPS (Estatus de Protección Temporal).

La condición es que los demócratas aprueben el presupuesto de US$5.700 millones para construir el muro fronterizo con México, una de sus principales promesas de campaña.

Ambos programas, que amparaban a miles de inmigrantes indocumentados, fueron suspendidas durante su mandato.

Como resultado, unos 700.000 Dreamers (como se les conoce a los inmigrantes protegidos por el DACA, que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos con sus padres) quedaron prácticamente sin amparo legal en el país.

Trump también dijo que extendería por tres años las visas para los titulares de TPS, más de 300.000 personas de países afectados por guerras o desastres, a los que se les había permitido vivir y trabajar Estados Unidos.

Sin embargo, la propuesta del mandatario no ha sido bien recibida por los demócratas, que tienen el control de la Cámara de Representantes.

Minutos antes del anuncio del mandatario, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi expresó su desacuerdo con el trato del presidente, a través de su cuenta de Twitter.

"Desafortunadamente, los informes dejan claro que su propuesta es una compilación de iniciativas rechazadas anteriormente", tuiteó.

El cierre parcial del gobierno es el más largo de la historia y ha afectado a unos 800.000 trabajadores federales, además de significar costos millonarios para el gobierno.


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