Ante la polémica que generó la arista política del Caso Penta, la presidenta del Senado, Isabel Allende (PS), ingresó dos importantes mociones al proyecto de ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Estas establecen la perdida del cargo, nombramiento o escaño a todo candidato o autoridad electa, que haya incumplido normas sobre gasto electoral o normas sobre probidad y transparencia.
Según señaló la segunda autoridad del país las“iniciativas son claves para avanzar en el perfeccionamiento de nuestra democracia”.
En cuanto a la moción que establece la pérdida de escaños por irregularidades al gasto electoral, Allende explicó que con esto se busca modificar el artículo 60 de la Constitución Política de la República.
“Cesará en su cargo el diputado o senador que haya financiado su campaña electoral mediante aportes ilegales, ilegítimos, irregulares o fraudulentos, o cuando se hubiere excedido el límite máximo permitido de gasto electoral en la respectiva campaña”, detalló.
En tanto a la segunda iniciativa, la senadora socialista señaló que “busca modificar la Ley Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Así, en el caso que el candidato haya resultado electo, y se compruebe fehacientemente que superó los límites de gastos establecidos en esta ley, y/o haya recibido aportes de manera irregular, fraudulenta o al margen de la legislación vigente al momento de su elección, perderá su cargo, nombramiento o escaño, según corresponda, aunque lo esté ejerciendo en propiedad”.
Por lo tanto, según la presidenta de la Cámara Alta, el proyecto permitirá que sólo puedan efectuar donaciones o aportes de campaña para gasto electoral las personas naturales que tengan domicilio en el país.
“Se prohíbe además, toda donación, transferencia, apoyo o aportes de campaña para gasto electoral por parte de personas jurídicas, cualquiera haya sido la forma legal de su constitución, ya sean sociedades, fundaciones o corporaciones, y tengan o no fines de lucro, con excepción de los partidos políticos”, subrayó.
Es por ello que destacó que los aportes de campaña deberán realizarse de manera pública y “sujetos a revisión por parte de cualquier interesado, y su tratamiento se realizará con plena observancia de los principios de probidad y transparencia”, argumentado así la necesidad de que la política sea cada vez más transparente.
“El sentido de probidad tiene que ser el eje conductor del accionar de quienes realizamos labores de servicio público, en este caso por elección popular. Por ello, debemos establecer un buen marco jurídico para asegurar un proceso eleccionario donde primen las ideas, los proyectos y las personas, más allá del financiamiento que pueda tener el candidato, y así evitar irregularidades como las que han reconocido recientemente parlamentarios de la UDI”, concluyó.