Por 127 votos a favor, siete en contra y trece abstenciones se aprobó en general en la Cámara de Diputados el proyecto de ley propuesto por un grupo de parlamentarios y apoyado por el gobierno para endurecer las penas en delitos que atenten contra el orden público.
De esta manera delitos como saqueos, barricadas y los desórdenes públicos pasarían a tener una mayor pena que las que tiene hasta ahora en el Código Penal.
La iniciativa que fue despachada al Senado tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas bajo determinadas circunstancias.
La propuesta establece que "el que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años".
Según se detalla se entenderán por desórdenes públicos las siguientes situaciones:
- Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
- Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
- Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
- Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
- Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
- Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
Además, se indica que se aplicará el grado máximo de la pena cuando los particpantes hayan actuado formando parte de un grupo o organización de más de dos personas destinadas a cometer habitualmente estos hechos.