La comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo, decidió este martes rechazar la medida presentada por parlamentarios de la oposición.
Según indicaron sus integrantes, la acción carece de fundamentos al no establecer faltas a la Constitución ni a las leyes adjudicables a la conducta de la secretaria de Estado.
"Ni siquiera remite pruebas que sustenten las múltiples afirmaciones vagas, imprecisas e incluso contradictorias que la componen", señaló el diputado Leonardo Soto en declaraciones a La Tercera.
Por esto, la comisión resolvió recomendar a la Sala acoger la "cuestión previa" presentada por Castillo al defenderse de la acusación en su contra.
La decisión fue adoptada tras consultar a diversos expertos constitucionalistas, quienes indicaron que los problemas a los que se apuntan en el libelo son parte del sistema y no se resuelven con la salida de la ministra, explicó Soto.
"Se trato de instrumentalizar una institución constitucional en extremo delicada para fines políticos, lo que constituye una frivolización inaceptable", añadió.