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Gobierno critica permanencia de Carabinero que mató a Matías Catrileo

A través de la Ministra Vocera, Cecilia Pérez, el Ejecutivo expresó que "no nos parece que siga activo".

Alejandro González

Miércoles 16 de enero de 2013

La Corte Marcial ratificó que el cabo Walter Ramírez, quien de un disparo por la espalda dio muerte al joven Matías Catrileo en un enfrentamiento con la policía en un fundo de Temucucui, Región de la Araucanía , puede seguir ejerciendo sus funciones en la institución de Carabineros.

El fallo fue emitido por el tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones en donde, a petición de la defensa del cabo Ramírez, solicitó que se aclarara los efectos de la ley 18.216, la cual permite establecer penas alternativas.

El Ministro Chadwick señaló que espera que la institución dé de baja al funcionario por los últimos hechos de violencia registrados en La Araucanía. No obstante, el letrado defensor de Ramírez, Gaspar Calderón, fue punzante y señaló que "el que debería renunciar es el Ministro del Interior, por inoperancia, ya que estaba él a cargo de la seguridad públicas cuando mataron al matrimonio Luchsinger-McKay (...) Si él lo hace yo mismo convenzo al cabo Ramírez de renunciar a Carabineros".

Del mismo modo, adelantó que seguirá ejerciendo "todas las acciones legales" para defender los derechos de su cliente.

Por su parte, la Ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, fue enfática y volvió a expresar en nombre del Gobierno que espera "una señal clara" por parte de Carabineros. "El Ministro Chadwick representó la voz del Gobierno, desde el primer minuto no nos pareció que una persona, en este caso un carabinero sindicado como el autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, siga estando dentro de la institución en forma activa", expresó.

Desde Carabineros, señalan que están esperando un dictamen de Contraloría para establecer si Ramírez puede o no seguir como funcionario de la institución. Ramiro Mendoza, Contralor General de la República, expresó que “la regla esencial es la igualdad ante el Derecho, y desde el 2007, como es el caso de este ciudadano la Contraloría ha interpretado que ese beneficio se le expande a las condiciones de habilidad o inhabilidad administrativa que la condena establezca".