La investigación en el marco del caso Corpesca abrió un fuerte cuestionamiento a la Ley de Pesca aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera.
La aprobación de la normativa, que habría estado influenciada por la empresa Corpesca, generó que parlamentarios solicitaran la anulación de la ley.
Durante el mes de marzo, la Comisión de Constitución deberá decidir si se aprueba la iniciativa que busca terminar con la normativa.
Ante este escenario, el gobierno ya prepara una estrategia que tendría como fin evitar la anulación de la legislación y han argumentación que la acción solicitada por parlamentarios del Partido Comunista sería inconstitucional.
En este contexto, el Ejecutivo solicitó un informe técnico a la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) , con el fin de establecer si la legislación se ajusta también a los estándares internacionales.
El pasado 27 de enero el Gobierno inició una mesa de trabajo con miembros de la Nueva Mayoría, instancia en que se busca llegar a un acuerdo para realizar modificaciones a la Ley de Pesca ante los cuestionamientos sobre su legitimidad.
Es por esto que durante la jornada de ayer el ministro (S) de Economía, Raúl Súnico se reunió con la representante de la FAO en Chile, Eve Crowley
El ministro indicó a La Tercera: "No sólo somos críticos sino que hemos estado tomando acción respecto de reformas en la Ley de Pesca".
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