"Al contrario de lo que un artículo insinúa, el INDH está preocupado de los derechos humanos de Carabineros y se encuentra preparando un estudio relativo a aspectos tales como sus extenuantes jornadas de trabajo, factores de discriminación entre tropa y oficialidad..."
A través de un comunicado, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, reafirmó lo expresado durante el fin de semana y volvió a responder al general director de Carabineros, Gustavo González.
"Es necesario que la opinión pública sepa, y los órganos del Estado entiendan, que los planteamientos del INDH están basados en observaciones a la luz de estándares internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Chile, y, por tanto, se han convertido en una obligación del Estado ante el sistema internacional y ante todos quienes habitamos en este país", afirmaron.
Durante el fin de semana, González había expresado su molestia, a lo que a su juicio, es una "evidente tendencia" a resaltar sólo los casos negativos de la instituición.
Ante esto, el Instituto respondió que "podemos afirmar, a través de seguimientos rigurosos de lo ocurrido en los últimos años, que la actuación de Carabineros, en las diversas marchas y otras formas de manifestación desarrolladas desde el 2010 en adelante, muchas veces no se ajusta a esos estándares, afectando el derecho de los chilenos a expresar colectivamente su opinión".
Asimismo aseguraron que "esto queda en evidencia, entre otros antecedentes, si consideramos que, según datos de 2012, alrededor del 95% de los detenidos en protestas y otras formas de manifestación son liberados antes de llegar a tribunales por falta de méritos.
En el comunicado, el INDH reafirma que "que el derecho de manifestación debe ser ejercido sin violencia, así como su pesar y condena cuando algún carabinero es víctima de aquella, como recientemente ocurrió con el cabo Alejandro Gálvez".
Anunciaron también que se encuentran preparando "un estudio relativo a aspectos tales como sus extenuantes jornadas de trabajo, factores de discriminación entre tropa y oficialidad, medidas de entrenamiento o disciplinarias que pudieran estar reñidas con estándares de derechos humanos, entre otros aspectos que el Estado debiera abordar para hacerse efectivamente cargo de la situación de los funcionarios policiales".