Por Claudia del Solar
En el Congreso se tramitan actualmente unos 15 proyectos cuyo origen es el trabajo del Consejo Anticorrupción, que lideró el economista Eduardo Engel, y que tuvieron un nuevo impulso cuando la Mandataria Michelle Bachelet -asumidos ya los escándalos Caval, Penta y SQM- advirtió que lideraría la agenda centrada en tres grandes temas: regulación de partidos políticos, elección de autoridades públicas y regulación del sector privado.
Su aprobación, según han apuntado varios analistas, es compleja porque abarca gran diversidad de temas y, por lo tanto, involucra cambios normativos, proyectos de ley e indicaciones que necesitan de la coordinación de distintos ministerios, además de su discusión en el Congreso. En última instancia, se trata también de ceder privilegios y alguna dosis de poder y discrecionalidad en el uso de los dineros, pues exige estándares más altos de probidad y transparencia que los actuales.
La probidad en lo que se refiere al Congreso incluye proyectos como:
Probidad de la función pública
Apunta a regular y actualizar el ejercicio de la función pública por autoridades del Estado, desde la perspectiva del principio de la probidad, y prevenir los conflictos de intereses mediante una declaración de intereses y de patrimonio que eleva los niveles y los unifica para todos los órganos del Estado, estableciendo nuevos funcionarios obligados a declarar, e incluye en algunos casos a los cónyuges y parientes.
Además, la norma establece dos caminos para las autoridades que posean acciones sobre un monto determinado, como es vender dichas acciones y transformarlas en activos o entregarlas a un mandatario que las administrará sin que los dueños se informen de su destino, es decir, el fideicomiso ciego. Autoridades como el Presidente, el contralor o los senadores y diputados tendrán la obligación de vender sus derechos sobre sociedades o empresas cuando tengan relación con el Estado, es decir, es incompatible tener una empresa que hace negocios con el Estado si se es autoridad.
Fortalecimiento y transparencia de la democracia
Baja el límite del gasto electoral y el aporte de personas naturales; prohíbe las donaciones de personas jurídicas y se establece el aporte público a los partidos. En esa línea, contempla la disminución en un 50% el límite del gasto electoral para cada elección y la eliminación de todos los aportes reservados; obliga a que los aportes de las personas naturales no excedan el equivalente de 100 UF, y señala que el Estado aportará a cada partido 0,09 UF por voto válidamente obtenido en las últimas elecciones de diputados.
Reforma constitucional que limita de reelección
Afecta diputados, senadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. En el caso de los diputados, podrán reelegirse dos veces, sumando 12 años en el cargo; en el de los senadores, una reelección, es decir, 16 años.
Nueva ley de partidos políticos
Establece el carácter de persona jurídica de derecho público de los partidos, amplia su ámbito de acción para que puedan efectuar plebiscitos y consultas y realizar cursos de formación política a jóvenes.
También simplifica los trámites y elimina los cobros notariales asociados a la constitución de un partido -esto se une a que junto con el fin del binominal se bajan los requisitos para la creación de partidos, pues se requiere solo un 0.25% de de las personas que votaron en la última elección de diputados- y se exige eliminar de las listas de militantes de partidos a los fallecidos, inhabilitados y a quienes no hayan participado en dos de los tres últimos procesos electorales internos nacionales, junto con actualizar periódicamente las listas, comunicando al Servel en los 3 primeros días hábiles de cada mes las nuevas afiliaciones y las desafiliaciones producidas el mes anterior.