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Pablo Longueira: "Hasta el 2003 todos los políticos chilenos eran corruptos"

En medio de su declaración de este martes como testigo en el marco del caso Corpesca, el ex ministro sostuvo que los políticos emitían boletas ideológicamente falsas para financiar sus campañas. "Este es un país de hipócritas. Todos sabían cómo se financiaba, se pedían los recursos 'a la antigua'", afirmó.

Agencia Aton

© Agencia Uno

Martes 25 de febrero de 2020

El ex candidato presidencial y ex dirigente de la UDI, Pablo Longueira, sostuvo que hasta el año 2003 "los políticos chilenos eran corruptos", debido a que emitían boletas ideológicamente falsas para financiar sus campañas.

Longueira hizo esta aseveración en el marco de su declaración como testigo en el caso de Corpesca, donde el ex senador de la UDI, Jaime Orpis, está acusado por fraude al fisco, cohecho y delito tributario.

Fueron casi 7 horas las que declaró Longueira en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, donde se desarrolla el juicio contra Orpis y donde el exministro de Economía, en el primer gobierno de Piñera, está como testigo de la defensa.

 

"Hasta el año 2003 todos esos fondos se obtenían con boletas: las campañas presidenciales, las campañas parlamentarias. Hasta el 2003, íntegramente, eran lo que hoy se llaman las boletas ideológicamente falsas", dijo Longueira.

Luego, aseveró que "podríamos decir que hasta ese año todos los políticos chilenos eran corruptos, pero si usted mira para el tiempo atrás, la Presidenta (Michelle) Bachelet, el Presidente (Sebastián) Piñera, (el senador Andrés) Allamand, Lawrence Golborne, Andrés Velasco, todos los candidatos presidenciales llevaban meses desplegados. ¿Y de dónde se financiaban?".

En su declaración, cuestionó el doble estándar que hay en el país por esta situación: "(...) ¿para qué son hipócritas? Este es un país de hipócritas. Todos sabían cómo se financiaba, se pedían los recursos 'a la antigua'", afirmó.

El Ministerio Público acusa a Orpis de haber recibido pagos por casi $260 millones entre 2009 y 2013 a fin de favorecer los intereses de la empresa en la tramitación de la Ley de Pesca; defraudando además al Estado con $48 millones.