Este viernes se conoció que pocas semanas antes de finalizar el último gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el entonces ministro del Interior, Mario Fernández, firmó dos decretos mediante los cuales se rebajaban las sanciones propuestas por Contraloría en contra del ex administrador de La Moneda, Cristián Riquelme. En forma paralela, otros tres funcionarios de palacio que estaban vinculados a contrataciones directas de proveedores resultaron absueltos.
La información dada a conocer por La Tercera detalla que el ente contralor cuestionó estas acciones del Ejecutivo, optando así por enviar una copia del dictamen sancionatorio que emitió directamente en septiembre de este año al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, con el objetivo de que "realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados".
En dicho dictamen, se cuestionan los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo "a la empresa Gestión y Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa". Antes, un reportaje de Ciper había revelado que dos sociedades formadas por Riquelme recibieron pagos por más de $417 millones entre 2013 y 2015.
Más tarde, el también ex encargado de las finanzas de la campaña de Bachelet de 2013 abandonó ambas firmas, de las cuales una pasó a manos de su esposa (Comercial A y R), y la segunda, Greentec, se traspasó a su ex socio. Cabe recordar que tras destaparse el caso, Riquelme decidió renunciar a su cargo el 22 de febrero del 2016.
Junto a la decisión de absolver a tres funcionarios, la anterior administración rebajó la sanción de Riquelme a "censura", que corresponde a la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa. La Contraloría había propuesto suspender de su cargo por 30 días al ex administrador de La Moneda, con goce del 50% de su sueldo.
Para el contralor Jorge Bermúdez, las decisiones adoptadas en el caso por el gobierno de Bachelet "no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario".