Por 25 votos a favor y dos votos en contra, el Senado aprobó el proyecto que fija las normas para la defensa de la libre competencia, que castiga con cárcel y mayores multas a las empresas y personas que cometan el delito de colusión.
La norma implica que la colusión será considerada como un delito penal, cuyas sanciones van desde los tres años y un día a los 10 años de cárcel. Además, se fijan las multas por el delito, cuyo monto será calculado en base al doble de las ganancias que la entidad o individuo consiga con la colusión, o hasta el 30% de ventas logradas por el infractor en el período señalado.
El proyecto fortalece la delación compensada, eximiendo de responsabilidad criminal al que primero hubiere aportado antecedentes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
La iniciativa protege los derechos de los consumidores, establece una nueva facultad de la FNE para estudiar la evolución competitiva de los mercados y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones del ente.