El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, defendió la autonomía del organismo tras la acusación constitucional que desde la oposición presentaron contra tres ministros del máximo tribunal tras conceder la liberación a reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos.
Durante la ceremonia de juramento de nuevos abogados realizado este miércoles, Brito indicó que "en nuestro país la Constitución previno de manera clara una estricta separación de funciones y poderes. Esto significa que en el diseño básico del Estado cada uno de estos poderes puede actuar solo en las materias propias de su área, lo que también puede decirse afirmando que no es lícito que algunos de estos poderes intervenga en las cuestiones que privativamente han sido encomendadas a otros".
A ello, acotó que "puede decirse que el Estado funciona conforme a lo previsto, a lo esperable, cuando sus órganos autónomos respetan los límites de sus atribuciones".
En esa línea, manifestó que la acusación "descalifica la decisión de los ministros con la intención de exonerarlos de sus cargos, pues lo resuelto importaría notable abandono de funciones, toda vez que, según se sostiene, la cuestión fue resuelta desoyendo normas del derecho internacional de Derechos Humanos que harían exigible el cumplimiento efectivo y completo del castigo impuesto".
Asimismo, precisó que el motivo de la acción "sólo dice relación con el derecho aplicado a las sentencias de qué se trata, los hechos no son discutidos de modo alguno y consiste únicamente en la dictación de la sentencia con la referida decisión, fallo que al ser de segunda instancia, no puede ser recurrido de modo alguno".
También, enfatizó que la acusación constitucional "está formulada en contra del contenido del fallo" y que con la acción "se traspasan los límites de la potestad jurisdiccional, pues no se trata con una discrepancia con lo decidido (...) se trata de la pretensión de exonerar a los jueces como consecuencia de su acción jurídica al tiempo de resolver el recurso de apelación planteado".