Poder Judicial y Corte Constitucional: Comisión Experta aprueba en general cuatro capítulos del anteproyecto

La tarde de este martes el pleno de la Comisión Experta aprobó en general –y por unanimidad– las iniciativas de norma correspondientes a cuatro capítulos del anteproyecto constitucional.

Las propuestas aprobadas son las del capítulo 6, de Gobierno y Administración Regional y Local; el 7, de Poder Judicial; el 8, de Corte Constitucional; y el 9, de Ministerio Público. Estos se suman a los cinco capítulos que ya fueron aprobados entre este lunes y martes.

Cabe aclarar que las iniciativas fueron aprobadas en general, es decir, que se aprobaron en su globalidad. Durante los próximos días, las comisionadas y comisionados podrán realizarles enmiendas, que entrarán a modificar y profundizar en los detalles de cada propuesta.

Revisa el detalle de cada propuesta a continuación:

Gobierno y Administración Regional y Local

Una de las iniciativas aprobadas esta tarde fue la de Gobierno y Administración Regional y Local, que corresponde al sexto capítulo del anteproyecto. En este se plantea como gran punto la descentralización, con el objeto de "lograr un desarrollo económico, social, cultural y ambiental más equilibrado y justo".

En esta se propone el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y locales, "mediante un proceso gradual y progresivo de descentralización que reconozca la autonomía que tienen dentro del ámbito de sus competencias, así como el rol fundamental que tienen en la participación y representación democrática de las comunidades".

La comisionada Magaly Fuenzalida (ind. - cupo FRVS) sostuvo que "el impulso a una verdadera descentralización lo debemos dar hoy (...) legitimando el poder a las autoridades locales y regionales a través de la democracia y dotándolos de capacidades suficientes. No podemos seguir temiendo lo que hagan o no las autoridades regionales y locales, muy por el contrario, la Constitución y la ley deben darles cada vez mayores facultades".

En la misma línea, la comisionada Natalia González (ind. - cupo UDI) declaró que "el Estado debe promover el desarrollo armónico, equitativo y solidario entre las regiones y las comunas de Chile y, por ello, es que tanto la administración como los gobiernos regionales y locales tienen que contribuir a corregir las desigualdades que existen entre ellas, propendiendo a que todos sus habitantes tengan un igual nivel y calidad de bienes y servicios públicos, sin distinguir el lugar en el que habitan".

Poder Judicial

La propuesta del Poder Judicial aprobada corresponde al séptimo capítulo del anteproyecto. En su articulado, se incluyen principios fundamentales para el Poder Judicial, como la independencia, imparcialidad, inexcusabilidad, imperio, responsabilidad e inamovilidad. 

Una de las novedades de esta propuesta es la creación de un gobierno judicial, compuesto por cuatro órganos autónomos que se aboquen a los siguientes temas: nombramiento, función disciplinaria, formación de jueces y a la gestión y administración del Poder Judicial.

Sobre este último punto, Sebastián Soto (ind. - cupo Evópoli) manifestó que "la fórmula que propone la subcomisión es la que me parece correcta: distribuye las atribuciones de gobierno judicial en cuatro entidades autónomas, eso es una buena noticia para evitar la concentración del poder, eso permite distribuir atribuciones, contrapeso intrapoderes e interpoderes".

Por el contrario, Catalina Lagos (PS) indicó que "me surge la inquietud a propósito de la cantidad de órganos que se crean autónomos (...) cuál es la burocracia que se podría generar, si eso podría entorpecer el funcionamiento de esto. Hacer el llamado a que esto se revise, quizás es ideal concentrarlo en un solo órgano".

Corte Constitucional

Otra iniciativa aprobada es la correspondiente a la Corte Constitucional, nueva denominación que recibiría lo que actualmente se conoce como Tribunal Constitucional.

Uno de los nuevos aspectos de la propuesta es que se contempla que la composición de la Corte sería de nueve miembros bajo un mecanismo de designación "de carácter único" y por el cual intervienen el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Senado.

De esa forma, el mecanismo propuesto daría por finalizado el sistema de designación actual de nombramientos entre distintos órganos y omite la participación de la Cámara de Diputadas y Diputados en el procedimiento de elección de los jueces constitucionales.

En cuanto al periodo de ejercicio del cargo, se mantendrá en nueve años, aunque se innovará en la renovación de sus integrantes, quienes serán cambiados por parcialidades a razón de uno cada año.

Ministerio Público

El último capítulo aprobado este martes –y que es el noveno del anteproyecto– es el de Ministerio Público, en el cual se propone "mantener en mayor medida la definición y funciones del Ministerio Público, valorando positivamente su autonomía constitucional y funcionamiento, de carácter jerarquizado".

Entre sus posibles cambio, están aquellos "en lo relativo al ejercicio de la acción penal pública, el nombramiento de los fiscales regionales y adjuntos. Por su parte, habilita la creación de otros órganos al interior del Ministerio Público, como son las fiscalías de carácter supraterritorial, que podrán ser creadas por el Fiscal Nacional con miras a perseguir el crimen más allá de las divisiones regionales".

Asimismo, uno de los órganos que se crearía sería el Consejo Consultivo del Ministerio Público, que permitiría a distintos órganos "que colaboran en labores de seguridad del país, asesorar al fiscal nacional en sus tareas".

En último término, los comisionados proponen que se cree el llamado Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, "con miras a poder dar efectiva protección a las personas víctimas de delitos para que puedan acceder a defensa y representación jurídica especializada, y asistencia en el ámbito psicológico y social".