La diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, se refirió a la condena para tres de los once imputados del Caso Luchsinger-Mackay, en calidad de autores del delito de incendio con resultado de muerte, instancia en la que se aplicó la Ley Antiterrorista.
La parlamentaria señaló que "para el pueblo mapuche en general y pueblos indígenas no se esperaba que el fallo fuera de tal forma. En este tercer juicio esperábamos que se sobreseyeran a los once imputados. Pero quedamos conformes con lo dictado para la machi Francisca Linconao y los otros comuneros".
Respecto a la acreditación de delito terrorista en este caso, la legisladora precisó que "es un hecho lamentable, que no clarifica, y deja a la opinión pública y expertos en una situación en ascuas al señalar que, por un lado, tienen la verdad a medias porque tres personas cumplieron actos de terrorismos y ocho fueron absueltos. Y tampoco Chile con los antecedentes que hemos revisado, no está clara la tipificación del delito".
En esa línea, acotó que "no se esperaba que se diera con nuevas pruebas que no fueran fundadas, pero sí había una presión política permanente y de fiscales, presión desde el Gobierno porque había que dar una señal a las familias". También, precisó que "en el gobierno actual es más notoria la situación porque se termina condenando sin pruebas que sean contundentes y con actos que son calificados como terrorismo".
También, la primera diputada mapuche precisó que "quienes conocen más desde el derecho internacional obviamente van a señalar con mayor precisión que esto no se ajusta a derecho, sino que más bien obedeció a presiones políticas y económicas que un Gobierno puede hacer porque en la misma Ley Antiterrorista no está tipificado qué es un acto de terrorismo".
Ley Antiterrorista y situación de La Araucanía
Nuyado detalló que, a su juicio, la Ley Antiterrorista debería derogarse. "El pueblo mapuche se ha estigmatizado, hay temas más profundos que abordar con respecto a la situación de este fallo y creemos que la Ley Antiterrorista debe ser derogada por un sistema que sea distinto".
Respecto a los hechos de violencia en La Araucanía, la parlamentaria manifestó que "considero que no está en mi opinión personal de señalar si eso va a ocurrir o no porque son situaciones circunstanciales. Obviamente uno va a querer que en toda la demanda territorial pudiera el gobierno dar una señal de la revisión de cuántos títulos de merced se encuentran en manos de las forestales, que es un 70% o 80% (...) es un tema territorial porque si se transgreden los derechos, hay reacciones".
En ese contexto, acotó que "es necesario que exista un proyecto que permita la incorporación de los escaños reservados para los pueblos indígenas en Chile, eso es urgente. El reconocimiento constitucional de los pueblos es importante, pero al mismo tiempo la revisión".