La Corte de Apelaciones de Antofagasta envió un inédito requerimiento de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, en el que buscan aclarar si la petición de una profesora jubilada, de retirar todo su ahorro del fondo de pensión, es "aplicable" o no.
El TC deberá pronunciarse si es "aplicable" el decreto Ley 3.500 que estableció el actual sistema de AFPs, en el recurso de protección interpuesto por María Angélica Ojeda, la que desea retirar su ahorro previsional para prepagar su crédito hipotecario o invertirlo para obtener un mayor valor, lo que fue denegado por su AFP.
La acción judicial se enmarca en un plan nacional llevado a cabo por la Coordinadora "No+AFP", la que se implementó hace un par de meses y por la que se presentaron 14 recursos de este tipo en todo el país, de los cuales, en 10 tribunales fue admisible, mientras que en los otros 4 el recurso no lo fue.
Según el escrito redactado por el ministro de la Corte de Apelaciones Óscar Clavería, y enviado al TC, el decreto de ley en cuestión, "dictado durante un gobierno de facto" (dictadura militar) se contrapone a los derechos constitucionales como el derecho a propiedad.
En detalle, el decreto Ley 3.500 se contradice al derecho de propiedad que tiene el trabajador respecto de su capitalización individual, "cuya regularización no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto que su capitalización no puede ser utilizada en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente".