Durante la tarde de hoy, el tribunal de Garantía de Villarrica determinó dejar en prisión preventiva a Gastón Eliecer Quezada Collinao, oriundo de Viña del Mar y principal sospechoso de ser el responsable del incendio que en la noche del lunes afectó al edificio de la Municipalidad de Villarrica.
El imputado fue formalizado bajo los cargos de incendio, ultraje a los símbolos patrios, delito contra la salud pública y desórdenes públicos, ilícitos perpetrados en medio de las protestas que se produjeron en distintas zonas del país tras la formalización de un carabinero por la muerte del malabarista callejero Francisco Martínez, en Panguipulli.
Según informó la fiscalía de la Araucanía, Quezada habría provocado daños en las oficinas pertenecientes a la Dideco y la dirección de Vivienda del inmueble municipal, dañando además una bandera.
"El imputado tomó un elemento con fuego que ardía en una barricada existente frente a la dependencia municipal y lo arrojó por una ventana, provocando un incendio que se extendió por la pared y techo con riesgo de propagación a otros edificios urbanos colindantes", señaló el fiscal Carlos Hoffmann, quien informó además que el daño realizado por el sospechoso está avaluado en más de $60 millones de pesos.
Tras el encendido de la barricada, el detenido habría bajado la bandera que ondeaba frente al municipio, e intentó quemarla.
"Tras esto huye y cerca de las 22:03 horas (...) lanza una piedra hacia personal policial (...) siendo detenido a las 22:15 aproximadamente", agregó el persecutor, quien aseguró que Quezada reconoció haber participado de manifestaciones y el haber arrojado piedras a Carabineros, además de intentar quemar una bandera, pero no reconoció su autoría en el incendio del edificio consistorial.
El juez del tribunal estimó que "hay antecedentes para comprobar el delito de incendio", además de señalar que respecto a todos los delitos que se le acusan, las pruebas dan por establecida su participación en dichos actos.
En ese sentido, estimó que el acusado "es un peligro para la sociedad". El juez decretó, finalmente, prisión preventiva para el acusado y se ordenó su ingreso al centro de detención preventiva de Villarrica.
Recordemos que en este caso, el Gobierno se querelló e invocó la Ley de Seguridad del Estado.
Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses. La siguiente audiencia se realizará el próximo 8 de abril.
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