La Justicia condenó a la multitienda Ripley de Puerto Montt a anular las deudas de dos consumidores y al pago de indemnizaciones por los daños causados, tras cargarles en sus estados de cuenta pagos de servicios realizados por desconocidos a través de Internet.
A uno de los consumidores afectados, domiciliado en Puerto Montt, le apareció en su estado de cuenta un cargo de $130 mil, por pago de luz y agua. Tras la investigación, la multitienda le informó que los pagos habían sido realizados a través de Internet, y que la única forma de hacerlo es mediante el uso de sus claves secretas. El problema es que el consumidor nunca recibió dichas claves, pues no tiene acceso a este medio y desconoce la forma de usar este tipo de herramientas.
El segundo caso afectó a una consumidora de Puerto Varas, a quien también le cargaron una serie de pagos de servicios básicos, sumando un monto de $1.184.369. La afectada relató que tras intentar pagar con su tarjeta, le comunicaron que tenía una serie de cargos en su cuenta, los cuales correspondían al pago de servicios básicos a través de Internet. Al igual que en el caso anterior la empresa no se responsabilizó, indicándole que las claves eran de uso personal y que debía pagar la cuenta.
En ambos casos, y tras buscar una solución por parte del Sernac y recibir una respuesta negativa de parte de la empresa, se realizó la denuncia a Tribunales.
Tras analizar los antecedentes, la Justicia concluyó que Ripley debió haber sido más profesional, pues no tomó los resguardos para evitar que los consumidores fueran víctimas de fraude. El juez añadió que en ambos casos existieron grandes falencias en el sistema de seguridad como la filtración de las claves secretas de los consumidores y que pese a recibir los reclamos de parte de los consumidores, desconociendo dichas transacciones, igualmente les fueron cargados en sus estados de cuenta.
Por eso, en el caso del consumidor de Puerto Montt, se ordenó dejar sin efecto el cobro de la cuenta, además de tener que indemnizarlo con $500 mil por los daños ocasionados y en el caso de la consumidora de Puerto Varas, el tribunal también ordenó a la empresa dejar sin efecto el cobro, y además a pagarle una indemnización de $300 mil.
Asimismo, Ripley deberá pagar una multa de 80 UTM (cerca de $3.200.000) por haber infringido la Ley del Consumidor.
El director regional del Sernac, Sebastián Fernández, explicó que estos fallos "confirman que los consumidores tienen derecho a las cuentas claras y cobros justos. Esto significa que, deben pagar por el servicio efectivamente prestado o los productos adquiridos. Asimismo, las empresas deben tomar todas las medidas para que los consumidores no sean víctimas de fraude".
Fernández agregó que si los consumidores observan cobros injustificados o cargos que le merezcan duda, tienen derecho a reclamar a la empresa y en caso de no obtener respuesta, pueden recurrir al Sernac o interponer una denuncia ante el Juzgado de Policía Local y que las empresas deben realizar las devoluciones y las reparaciones que correspondan.