El pasado 24 de diciembre se conoció en redes sociales una denuncia sobre el cierre perimetral en una de las playas de Totoralillo, en la región de Coquimbo, que impedía el total acceso y que generó molestia en la comunidad.
Tras conversaciones entre la Armada —que concesiona el balneario a un ente externo—, este administrador, Bienes Nacionales y la comunidad lograron llegar a un acuerdo para crear un acceso a la playa.
Sin embargo, esta semana se volvió a abrir la polémica luego de que se acusara que la reja no deja espacio para ingresar libremente al lugar.
La concesión lleva más de 30 años funcionando en el lugar y principalmente se traduce en instalación de cabañas y funcionamiento de un restaurante. No obstante, se acusó que aquel recinto no funciona hace más de 20 años.
Daniela Luna, del movimiento Totoralillo es de Todos, indicó a TVN Red Coquimbo que "estamos tratando de buscar alguna solución para tener el acceso libre y garantizado a la playa. Hemos logrado conversar con los pescadores, mujeres emprendedores de Totoralillo y ninguno de ellos ve el beneficio real para la comunidad de esta concesión. Nosotros proponemos un desarrollo económico turístico sustentable, donde podamos ver y disfrutar nuestra península con un acceso garantizado (...) Entre el agua y la reja no nos queda lugar para disfrutar y este lugar no es exclusivo".
El surfista Maximiliano Hernández afirmó que "el mar sube mucho y la reja está cerrada. Nosotros tenemos que esperar a que baje para recién poder pasar. Desde el minuto uno, cuando se empezó a instalar esta reja, nosotros tratamos de parar esto. Tratamos de hablar con el administrador pero tampoco nos escuchó":
Para la Armada, todo se encuentra dentro de los márgenes de la ley y la seremía de Bienes Nacionales acudió a fiscalizar el acceso a la playa.
El seremi de Bienes Nacionales de Coquimbo, Vicente Cortés, dijo que "es una concesión marítima mayor, la cual es administrada directamente por la Gobernación Marítima a través de su Capitanía de Puerto. Es por ello, que el ente encargado de fiscalizar y estar de acuerdo con toda la normativa es la Capitanía de Puerto".
La Armada no emitió declaraciones, pero indicó que evaluarán una solución para que en verano de 2022 no se registre la misma situación.