En prisión preventiva quedó el imputado por el incendio de la iglesia San Francisco de Ancud, luego que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogiera la presentación de la fiscalía en orden a que la libertad del imputado –que había quedado con arresto domiciliario- representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
La semana pasada se presentó en audiencia ante el Juzgado de Garantía el informe emitido por el Servicio Médico Legal respecto de la salud mental del investigado, determinando que no presenta ninguna patología. De este modo, la causa que había sido temporalmente suspendida, volvió a su tramitación normal.
El fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto Garai, recordó que el procedimiento contra el imputado por iniciar el siniestro que en enero de este año destruyó completamente el templo católico que formaba parte del patrimonio arquitectónico de Chiloé, había quedado temporalmente suspendido y el Juzgado de Garantía había ordenado la realización de exámenes psiquiátricos para determinar si el sujeto tenía alguna patología y se determinó posteriormente su internación en el ala psiquiátrica del Hospital Regional de Puerto Montt.
El persecutor informó esta tarde que “se hicieron los exámenes por el Servicio Médico Legal, los cuales determinaron que el imputado no tiene ninguna patología, que puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, tiene autocontrol, sin perjuicio de una personalidad sociópata que tiene que ver con una circunstancia de personalidad antisocial, que no afecta la situación de razonamiento del imputado y no es una patología, por esa razón el tribunal determinó el viernes pasado la continuación del procedimiento”.
De este modo, la fiscalía local de Ancud, en conjunto con los querellantes, “solicitamos la prisión preventiva del imputado, porque estimamos que eso era lo que correspondía en base al hecho, a su gravedad, su connotación, entendiendo que el imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo Calisto.
Sin embargo, tras un largo debate, el Juzgado de Garantía consideró que producto de la situación de la pandemia de covid-19 y de ciertas características del imputado lo hacían vulnerable, determinó no dar la prisión preventiva, pero sí dejarlo con arresto domiciliario total.
“Nosotros no estuvimos conformes con esta resolución”, informó el fiscal Calisto, quien añadió que “de hecho antes de 24 horas ya habíamos presentado una apelación, la cual se vio en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt”.
En representación del Ministerio Público concurrió al alegato la abogada asesora de la fiscalía regional, Francisca Pérez-Cotapos. La Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos del organismo persecutor, “revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Ancud y dispuso que el imputado, siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, debería permanecer en prisión preventiva”.
Calisto dijo asimismo que “si había alguna duda respecto de la situación mental del imputado, eso quedó dilucidado. El informe del Servicio Médico Legal fue bastante tajante y el tribunal también lo acogió así y por eso dispuso la continuación del procedimiento de manera normal: el imputado puede enfrentar el procedimiento, el imputado puede enfrentar un juicio”.