Por Ximena González Ñiripil

¿A qué se debe este recurso de protección en contra del fiscal nacional, Jorge Abbot? 

Lo que nosotros estamos reclamando es la   ilegalidad y arbitrariedad. Este proceso se ha iniciado con algunas falencias y algunas infracciones a distintas leyes, y principalmente a principios constitucionales del debido proceso y la debida imparcialidad.

Principalmente, son dos grandes hechos, el primero es haber designado al fiscal Alberto Ayala como jefe de este procedimiento disciplinario, después haberlo mantenido durante lo días que se lleva este procedimiento disciplinario. Segundo lugar,  por haber suspendido funciones al fiscal regional  Arias,  junto con una reasignación de sus causas más importantes y emblemáticas a nivel nacional. Esto  último, por el hecho de que no tenía facultades legales para hacerlo.

La  ley orgánica constitucional del Ministerio Público es clara: solo al momento de instruir  un sumario administrativo o un proceso disciplinario es el momento en el cual se puede suspender de funciones a un fiscal regional y no después, como fue en este caso.
 

La defensa ha señalado que el fiscal Alberto Ayala no es la persona idónea para realizar este sumario... 

Nosotros creemos que él tiene una causal de inhabilidad por falta manifiesta de imparcialidad que deriva de dos situaciones.  La primera  es que él mantiene actualmente una investigación penal en contra  del denunciante Moya y nuestro representado, por una querella presentada por el señor (Sebastián) Dávalos Bachelet y su señora Natalia Compagnon. Esa  querella va apuntada a variadas filtraciones que habrían realizados ambos fiscales en ejercicio de sus cargos..

El procedimiento disciplinario  también trata de lo mismo, sobre las principales filtraciones en la causa Dávalos Bachelet. Por lo tanto, tendríamos  a un fiscal que está investigando en sede penal y en sede administrativa a mi representado.

Aún más, mantenemos conocimiento de qué él,  habiendo decretado el cierre de la investigación penal en el caso de Dávalos-Bachelet, posteriormente con fecha 3 de mayo reabre la  investigación y deja sin efecto la solicitud de sobreseimiento que había realizado en primer lugar el 10 abril de este año. Por lo tanto, existe ya un prejuzgamiento,  lo está indagando en la misma causa en el ámbito penal y él ya ha tomado una decisión de reabrir esa investigación penal. Mal podemos esperar en tener a un persecutor imparcial y objetivo en el procedimiento disciplinario.
 

¿Ustedes tienen conocimiento de la reunión entre el fiscal Alberto Ayala y el fiscal Moya previa a la autodenuncia ?

Sí, tenemos conocimiento de ello, porque se realizó en la dependencia de la Fiscalía Regional y fue el 18 de mayo. La denuncia del señor Moya es de fecha 8 y  9 de abril. Principalmente, lo que nosotros señalamos es que el fiscal Ayala debió dar conocimiento de esta reunión al fiscal nacional. Él, en ese momento, debió declararlo inhabilitado o no haberlo elegido para ser investigador. Nosotros posteriormente le hicimos presente esta situación.

El fiscal nacional nos contesta que esa reunión se debió a diligencias investigativas de la causa Dávalos- Bachelet, pero la inconsistencia es que esa causa al 10 de abril estaba cerrada por el mismo Ayala. Entonces,  como se explica que el 18 de abril él se haya juntado y se haya reunido con el señor Moya, si no es para otro fines que se desconocen y que la defensa quiere que se transparenten.
 

¿La defensa cree que puede haber sido una reunión de coordinación?

No tenemos prueba para ello, pero una serie de hechos nos permite presumir fundadamente que,  a lo menos, el fiscal Ayala Gutiérrez se encuentra inhabilitado y no goza de la debida imparcialidad que debería tener como investigador, respecto del fiscal regional.