Continúa la polémica en torno al Caso Lencería, puesto que este viernes un documento reveló que el Gobierno Regional del Biobío habría solicitar revisar de forma "urgente" el trapaso de $250 millones a la fundación "En Ti".
En este caso está involucrada la excandidata a diputada, Camila Polizzi, quien es acusada de haber comprado productos, como lencería y ropa, utilizando fondos públicos a través de la ONG antes mencionada, lo cual ya derivó en la apertura de una invetigación por parte el Ministerio Público.
Sin embargo, hoy se sumó un nuevo antecedente a este caso y es que un documento, con fecha 29 de julio de 2022, y de nombre "Informa a Departamento de Inversiones y Municipalidades -DPIR- Pertinencia y Priorización de Iniciativa de Inversión", muestra que el programa presentado por Polizzi fue categorizado como "urgente" de revisar.
En concreto, la iniciativa impulsada por la excandidata tiene por nombre "Capacitación ciudadana para familias Barrio Norte", buscaba obtener millonarios recursos por parte del Gobierno Regional del Biobío.
Versión del GORE
Frente a esto, el Gobierno Regional del Biobío emitió una declaración aclarando que se otorgó "prioridad a la revisión del proyecto" y no a la "entrega de recursos".
"El documento al que se hace alusión otorga prioridad para el inicio de la revisión del proyecto y no a la entrega de los recursos asociados al mismo. Afirmar lo contrario no solo es falso, sino que da cuenta de un profundo desconocimiento de los cursos regulares propios de la administración pública, y particularmente de los gobiernos regionales", sotuvo la administarción a través de Twitter.
Respecto a la categorizavión de "urgente", el GORE aseveró que "esto no hace más que refrendar una determinación públicamente conocida del Gobierno Regional del Biobío, que da cuenta de la priorización de las iniciativas alojadas en la Unidad de Participación Ciudadana, lo cual es a su vez constatable en una serie de otros proyectos".
Pese a la aclaración, los consejeros regionales exigieron la realización de una sesión extraodinaria para determinar si hubo alguna irregularidad detrás del traspaso de fondos a la fundación, pues aseguran que existen "documentos y facturas adulteradas".