Polémica ha causado la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que anula la condena de 17 años de cárcel de un hombre que operaba una red de explotación sexual infantil. La entidad ordenó, además, repetir el juicio.

Los hechos, que sucedieron el 2019 en la residencia de niñas Anita Cruchaga vinculada al Hogar de Cristo, ubicada en Viña del Mar, quedaron al descubierto tras un grave incendio que afectó al inmueble.

La situción también reflejó fallas en la tipificación de los delitos sexuales contra menores y motivó cambios en la legislación. El caso fue inicialmente revelado por Informe Especial de TVN.

El principal responsable de estos delitos es Daniel Cerda Bustos, quien fue condenado a 17 años de cárcel. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2022, su condena fue anulada por la mencionada Corte de Apelaciones.

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, declaró que "lamentamos bastante la decisión de la Ilustrísima Corte de Valparaíso, que anuló parcialmente este juicio que había significado un importante trabajo, un desarrollo de una investigación compleja, y luego, una actividad ante el Tribunal Oral de Valparaíso de tres meses de duración".

La investigación de Informe Especial reveló cómo niñas de entre 12 y 14 años eran contactadas por dos transportistas, o también llamados "parrilleros". Daniel Cerda Bustos era uno de ellos, quien actuaba como enlace entre ellas y otros adultos para explotarlas sexualmente.

Las críticas ante la medida

La residencia se convirtió en un lugar asechado por adultos que manipularon y abusaron de niñas vulnerables, muchas de ellas sin redes de apoyo y que después de un largo proceso, pasaron por un juicio oral que hoy, al ser anulado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se ordena repetir.

"Siete víctimas involucradas en los hechos, varias de ellas declarando con bastante dificultad, porque esto siempre, como se sabe, es parte de la revictimización que ellas sufren a propósito de la comisión del delito", manifestó la fiscal Perivancich.

La jefa de la Unidad de Protección de la Defensoría de la Niñez, Giannina Mondino, por su parte, aseveró que "someter a las víctimas, particularmente a adolescentes que se encontraban gravemente vulneradas en sus derechos al momento de los hechos a un nuevo juicio significa una vulneración tanto a su integridad física como psíquica".

El director técnico nacional del Hogar de Cristo, Carlos Vöhringer, se sumó a las críticas de esta medida, señalando que "consideramos muy grave la anulación por oficio del juicio contra uno de los explotadores sexuales de niñas en la quinta región. Una vez más son las niñas las que están en el contexto de mayor exclusión y pobreza las que son invisibles para el Estado y para todo el sistema judicial".

Alcances del caso: un cambio en la legislación

La sentencia significó un antes y un después en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, porque a raíz de este caso se cambió la tipificación de delitos de explotación sexual infantil, lo que antes era catalogado como "prostitución infantil", responsabilizando a las víctimas por estos actos.

Por eso también la anulación y repetición de este juicio es visto con críticas por diversos organismos.

Carlos Vöhringer afirmó que "necesitamos un poder judicial y tribunales que se pongan ya de una vez a la altura de la gravedad de estos hechos y dejen de actuar con indolencia. Nuestros niños y niñas necesitan que hagamos un cambio de paradigma, que nos lleve a comprender que la explotación sexual es un delito".

Aunque la Corte de Apelaciones de Valparaíso descartó entregar una vocería respecto al caso, en la página del Poder Judicial se explica el fallo unánime, argumentado por la falta de análisis de prueba rendida en torno a los hechos que se dieron por acreditados.

La Corte no acoge el recurso de la defensa de Cerda, pero determina fallar por oficio, anulando todo el juicio y ordenando su repetición. Desde Fiscalía solicitarán dejar sin efecto esta medida.

La decisión actualmente recaerá en la Corte Suprema, que definirá si las víctimas deberán pasar nuevamente por un juicio oral.