Este jueves fue detenido Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric en el marco del estallido social, por presuntamente haber participado en el secuestro de un hombre en Copiapó.
Las diligencias por el hecho habrían comenzado durante la noche de este miércoles y finalizadas este jueves, cuando cuatro personas fueron capturadas por Carabineros al interior de un vehículo que estaba en un servicentro de la ciudad tras percatarse de que en el maletero había un hombre.
De acuerdo con los antecedentes recabados por TVN Red Atacama, Luis Castillo, de 36 años, habría sido el conductor del automóvil que contenía a la víctima retenida.
El fiscal Cristián González puntualizó que "la investigación es reservada y secreta", no dando mayores detalles de los involucrados.
"Nos hemos constituidos para investigar un presunto secuestro que habría ocurrido anoche en una estación de servicio y cuya víctima habría sido rescatada por Carabineros el día de hoy, en otra estación de servicio en calles Avenida Copayapu con Luis Flores", sostuvo el persecutor.
El fiscal aclaró que "hay cuatro detenidos y una víctima" por este caso y que los presuntos involucrados podrían pasar a control de detención mañana viernes.
Finalmente, González precisó que el vehículo en que transitaban los invididuos sería de la propia víctima secuestrada y que el afectado estaría en buenas condicioned de salud con "lesiones de carácter leve".
INDULTO Y EXTENSO PRONTUARIO
En marzo del 2022, el Presidente Gabriel Boric concretó los polémicos indultos a personas ligadas a diversos delitos por el estallido social.
Uno de ellos fue Luis Castillo, cuyo extenso prontuario generó diversas críticas al Mandatario.
Lo anterior, debido a que el hombre de ahora 36 años tenía un amplio prontuario policial a lo que se sumó que Gendarmería emitió un informe en el que tildaba de "desfavorable" indultar a Castillo.
Sin embargo, al ser una decisión presidencial, Boric autorizó el indulto pese a la advertencia de la institución.
Dicha acción generó la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ya que posteriormente se comprobó que el Gobierno pidió mantener en reserva los expedientes de los indultados, donde aparecen los informes de Gendarmería.
Concretamente, el sujeto estuvo involucrado en ataques a servicios públicos e incluso un saqueo a una automotora, en el contexto del estallido social en Copiapó.