El Juzgado de Garantía de Temuco admitió a trámite una querella ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, por la revelación de audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul.
La acción judicial ingresada por el licenciado, apunta a la comisión del delito de violación de secreto, en el marco del arresto del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, que se produjo el pasado miércoles en Cañete.
Uno de estos audios, propició la salida de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, debido a que una de sus asesoras contactó al comunero mapuche durante el mes de mayo, sin haber tenido instrucciones del Presidente Gabriel Boric.
"Han pasado dos días completos desde que se dieron a conocer estas filtraciones de conversaciones privadas, que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista de la investigación en curso", aseguró Rendón.
"Fiscalía ha violado todas las normas establecidas en el código procesal penal respecto de las interceptaciones telefónicas. Es un mecanismo excepcional que interfiere con el derecho a la comunicación privada de las personas y por tanto cuando se usa con fines investigativos debe estar revestido de todas las garantías", agregó el abogado.
Asimismo agregó que "todas las conversaciones de Llaitul que no tenían que ver con hechos delictivos investigados, nunca pudieron nisiquiera ser transcritas, mucho menos incorporadas en la carpeta investigativa de manera que quedara a disposición de los intervinientes y cualquiera de ellos pudiera filtrarla a la prensa. Este hecho es gravísimo y debe ser sancionado", declaró Rendón.
"Este es un caso que afecta a Héctor Llaitul (...) su juicio debe estar revestido de todas las garantías, de manera que si finalmente recibe una sanción se entienda que es la justa sanción que le corresponde por los hechos que ha cometido y no sea convertido en un mártir político", añadió.
Además, señaló que "he esperado a que el Gobierno interponga la correspondiente querella y, a lo más, he escuchado al presidente Boric formular ‘peticiones’ a través de los medios para que se investigue".
"Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general", dijo Rendón.
Agregó: "Estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía".
Por su parte, Garrido sostuvo que "carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto", teniendo en cuenta que los antecedentes fueron puestos a disposición de los intervinientes de la causa.
"Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso", aseveró.