Manuel Troncoso lleva más de 40 años trabajando como taxista y su vehículo nunca había sido sacado de circulación. Pero un día Carabineros le realizó un control preventivo y como, según ellos, no portaba su permiso de circulación al día, decidieron quitarle el auto.
Troncoso quedó botado en la calle y lo que más le llamó la atención fue la rapidez en que llegó la grúa. "Se demoró como 15 minutos en llegar", recuerda. Días después el Juzgado de Policia Local dejó sin efecto el parte, Manuel se dirigió a San Bernardo para retirar su fuente de trabajo, pero se llevó una sorpresa: debía pagar $162 mil por el retiro.
Este hecho se ha repetido varias veces y sólo en la Región Metropolitana cerca de 2 mil vehículos son retirados de circulación mensualmente por diversas infracciones. Los corrales de mayor capacidad son el de Quilicura y el de San Bernardo.
A mediados de agosto, Carabineros anunció una investigación interna en la 50° Comisaría de San Joaquín ya que existiría un convenio entre parte del personal policial y algunas empresas de grúas que consistiría en el retiro de circulación de vehículos con previo pago de dinero a los uniformados. "Los estamos sometiendo a declaraciones pero también están aportando datos", señaló sobre los implicados el General Enrique Bassaleti, Jefe Zona Este de Carabineros.
Según la empresa a cargo del corral de San Bernardo, ellos suscribirían un contrato con la municipalidad de San Joaquín por el servicio de custodia y de grúa, sin embargo, para ello hay un protocolo de funcionamiento que Carabineros no estaría cumpliendo.
Actualmente, en Carabineros se están realizando investigaciones y sumarios contra algunos oficiales para determinar a los responsables por estos negocios ilegales que han afectado a varios automovilistas de la ciudad.