Las corporaciones judiciales son instituciones del Estado que prestan ayuda a las personas más vulnerables del país quienes buscan justicia.
A lo largo de Chile son cuatro las corporaciones que prestan asistencia judicial a los usuarios, las cuáles funcionan de manera independiente una de otra pero con distintas realidades.
Los propios funcionarios de centros ubicados en zonas periféricas de Santiago se quejan de lo deplorable de las dependencias, donde los postulantes (abogados que realizan su práctica profesional) deben llevar sus computadores personales para poder trabajar, además de utilizar su propio internet.
Además existe hacinamiento dentro de estas zonas de trabajo que según señalan los funcionarios, no son aptas ni óptimas para la atención de los casos.
Es por ello que Claudia Facchinetti presidenta de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, se mostró indignada ante esta situación indicando que "el año pasado atendimos a más de 650 mil personas y si tú calculas el presupuesto que el Estado da para la atención de esas personas no alcanzan los setenta mil pesos al año".
Por su parte, Simone Hartard, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia indicó que las situaciones son "absolutamente atendibles", señalando que "los funcionarios no debieran trabajar en esas condiciones ni los usuarios ser atendidos ahí".
Asimismo, señaló que "hay que entender que hay un proyecto de aquí a dos años de ir mejorando la infraestructura de las corporaciones".
Para las partes afectadas solo queda esperar que estos proyectos se concreten dentro de los plazos estimados para poder brindar un mejor servicio a los sectores más vulnerables.