Durante las últimas horas se conoció la demanda que Marité Matus presentó contra su exesposo Camilo Huerta, revelando que el quiebre matrimonial, tras sólo 15 meses casados, tuvo como trasfondo un conflicto financiero ligado a un negocio que ambos habrían impulsado en Colina.
Según consta en el requerimiento ingresado en el Juzgado de Letras de Colina, la exesposa de Arturo Vidal acusa haber financiado completamente la puesta en marcha de un dispensario de cannabis medicinal, proyecto que habría surgido como una idea "muy rentable", impulsada por Huerta.
Una fuente cercana a la empresaria detalló a LUN que fue ella quien aportó el capital para la franquicia: la compra del local, la decoración y los derechos de operación.
La demanda presentada en julio de 2025 sostiene que, mientras ella estaba en España, Huerta firmó toda la documentación con el compromiso de formalizar una sociedad entre ambos al regreso de su esposa. Sin embargo, ese trámite nunca se concretó y él quedó como "único propietario y gestor del negocio".
El escrito asegura que Matus realizó transferencias, pagos a proveedores y emitió cheques para la operación inicial, pero que con el avance del proyecto, Huerta habría cambiado de actitud: desconoció sus aportes económicos, limitó su participación, interrumpió pagos periódicos y comenzó a sostener –sin respaldo documental– que todo el dinero recibido correspondía a un préstamo.
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El requerimiento acusa una "apropiación indebida del esfuerzo, capital y trabajo" que Matus destinó al proyecto, generando un "empobrecimiento" para ella y un "enriquecimiento correlativo" para Huerta, quien actualmente operaría el local de manera exclusiva.
Por su parte, la abogada de Huerta, tras la notificación que el ex Yingo recibió en septiembre de 2025, presentó una excepción dilatoria donde se indica que Matus "se limita a describir de forma totalmente vaga, confusa e inconexa supuestos hechos que configurarían una relación contractual comercial a los cónyuges".
Según argumentan, el requerimiento carece de fundamentos concretos, pues no detalla fechas, circunstancias ni situaciones precisas que sustenten las acusaciones de inversión conjunta o apropiación de recursos.
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