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¿Quién es Sergio Ader? exmarido de Kenita Larraín denunciado por violencia habitual

Actualmente, enfrenta una investigación por presunto maltrato habitual tras decretarse una medida cautelar de desalojo de su domicilio familiar.

24horas.cl

Miércoles 26 de agosto de 2026

Sergio Fabián Ader es un empresario argentino radicado en Chile cuya actividad comercial ha estado vinculada a los rubros de la moda, el vestuario, el sector inmobiliario y las casas de cambio. Su figura adquirió notoriedad mediática tras mantener una relación de más de 10 años con María Eugenia "Kenita" Larraín.

La justicia ordenó una medida cautelar de desalojo del hogar común en contra de Ader tras la presentación de una denuncia por violencia intrafamiliar en su contra. La causa fue remitida desde los tribunales de Familia hacia la Fiscalía de Género para indagar el presunto delito de maltrato habitual.

Ader ya se desempeñaba como empresario en el país cuando conoció a la animadora el 25 de septiembre de 2013 en la comuna de Vitacura. Además, figuró como propietario de la tienda de ropa Open Bayres, diversificando posteriormente sus negocios.

En el ámbito personal, el empresario era padre de cuatro hijos fruto de una relación anterior. Posteriormente, junto a Larraín tuvo una hija nacida en 2016, luego de contraer matrimonio civil el 10 de junio de 2015 y celebrar su boda en octubre de 2015 junto a 120 invitados.

Denuncia de Kenita Larraín y las medidas decretadas

El Tribunal de Familia derivó a la Fiscalía de Género una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) interpuesta por “Kenita” Larraín, dando paso a las primeras diligencias de la investigación.

Tras la presentación judicial, el tribunal remitió los antecedentes al Ministerio Público para evaluar eventuales medidas de protección y determinar las responsabilidades penales correspondientes. En este contexto, se decretó una medida cautelar que obliga a Ader a entregar el inmueble familiar, autorizándolo únicamente a retirar sus herramientas de trabajo y enseres personales.

Respecto de las sanciones contempladas para la conducta investigada, la abogada Macarena Venegas explicó a LUN que estas van desde “presidio menor en su grado mínimo a medio”, es decir, entre 61 días y tres años de privación de libertad. Las diligencias continúan a cargo de la Fiscalía Oriente.

Por tratarse de una denuncia por violencia intrafamiliar, el contenido de la presentación y la identidad de las personas involucradas se mantienen bajo reserva. Desde la magistratura señalaron que esta medida busca resguardar la intimidad, integridad y seguridad de las víctimas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.